por Guillermo Alvarado
En momentos en que las delegaciones del gobierno y de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP concluyeron las visitas de verificación a 30 áreas donde se concentrarán los rebeldes tras la firma definitiva de los acuerdos de paz, se hacen más evidentes los retos que ese país debe enfrentar para construir una nueva etapa en su historia, donde primen la concordia y la justicia social.
Entre las preocupaciones más grandes del momento figura la de la seguridad, tanto de los ex combatientes, como de los líderes de agrupaciones sociales, de manera particular de aquellos que luchan por la preservación de los derechos humanos.
Un reporte reciente de la organización no gubernamental Somos Defensores señala que entre enero y junio de 2016 murieron por ataques violentos 36 activistas en todo el país, justo en momentos en que el diálogo en La Habana para poner fin al conflicto armado interno colombiano entraba en una etapa decisiva.
El documento precisa que en los últimos 6 años fueron 381 los líderes por los derechos humanos asesinados y de ellos sólo muy pocos casos están en vías de solución en los aparatos de justicia.
Si bien las condiciones son distintas y existe ahora una verificación internacional con un compromiso muy serio, de todas maneras sobrevuela el fantasma de lo ocurrido con la Unión Patriótica, partido de izquierda creado en 1984 y cuyos militantes casi fueron exterminados en las dos décadas siguientes.
De allí los llamados a que la paz sea mucho más que el silencio de los fusiles entre la fuerza armada y las FARC-EP, lo cual pasa por agilizar las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, sin cuya conclusión el proceso será incompleto.
Un paso importante debe ser la victoria del Sí en el plebiscito que dará autoridad al presidente de la República, Juan Manuel Santos, para implementar todo lo acordado con la insurgencia, aunque mejor habría sido aún un referendo que elevase el pacto de paz a rango constitucional, para garantizar de mejor manera su cumplimiento.
Sin embargo, y a pesar de sus carencias jurídicas, el voto en el plebiscito se ve como un momento histórico en la nación sudamericana, donde queden derrotados aquellos que lucran o se benefician de alguna manera con la guerra y pretenden evitar su final.
Entre estas fuerzas están los grupos armados irregulares que quedaron como consecuencia del paramilitarismo y que operan en diversas regiones del territorio colombiano, entre ellas la extensa frontera con la vecina Venezuela Bolivariana.
El nuevo escenario requerirá construir las bases para el funcionamiento de las estructuras de la justicia transicional y castigar las graves violaciones al derecho humanitario cometidas durante el enfrentamiento.
Otros grupos sociales, como los defensores del medio ambiente deben contar con los recursos y las garantías para cumplir con su cometido, sin temores, ni represalias.
Para la construcción de una nueva Colombia el camino es la paz y la justicia social, el respeto a las ideas y las concepciones políticas, filosóficas o religiosas, con independencia de razas o condición económica, una ruta ardua y compleja y cuyo recorrido está apenas en el comienzo.
