por Guillermo Alvarado

La sociedad colombiana se encuentra en estos días inmersa en los pasos cruciales para garantizar la vigencia de los acuerdos de paz alcanzados en La Habana, que llevaron al silencio de las armas entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP.

Tras la rúbrica de ese pacto por los jefes de ambos equipos negociadores, se aceleran los preparativos para la ceremonia solemne de la firma, que según fuentes del ejecutivo debería ocurrir entre el 20 y el 30 de septiembre.

A partir de ese momento queda abierto un plazo de 180 días para la dejación de las armas y la desmovilización de los efectivos de las FARC-EP, bajo la supervisión de la comisión internacional encabezada por la Organización de las Naciones Unidas.

Antes de eso, sin embargo, hay una fecha clave en todo el proceso, el 2 de octubre, cuando se celebrará un plebiscito nacional para que la población apruebe, o no, lo acordado en cuatro años de negociaciones en la capital de Cuba.

En ese período los contendientes se pusieron de acuerdo en varios puntos, como el impulso al desarrollo agrario, la participación en la vida política de los rebeldes, la lucha contra las drogas y las mafias del narcotráfico, la reparación a las víctimas del conflicto con más de medio siglo de duración, y la aplicación de un sistema de Justicia Transicional, para juzgar los crímenes graves perpetrados a lo largo del enfrentamiento.

La pregunta que deberán responder los colombianos es: "¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?". Si triunfa el Sí, el presidente Santos tendrá la autoridad para llevar a la práctica los acuerdos por medio del denominado Acto Legislativo para la Paz, destinado a introducir ese pacto en el sistema jurídico y constitucional.

Una eventual imposición del No abre una serie de interrogantes. Algunos juristas opinan que cómo el plebiscito sólo afecta a la autoridad del presidente, otros organismos del Estado, como el Congreso, podrían rescatar los acuerdos.

En un principio los sondeos daban prácticamente un empate en esta consulta, pero un reciente estudio de la empresa Milenium Group señaló que en las llamadas redes sociales, que juegan un papel cada vez más importante en la vida nacional, la corriente por el Sí duplica a la de quienes hacen propaganda por el No.

En todo caso, los enemigos de la paz se movilizan, encabezados por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, calificado como el padre del paramilitarismo, y un acérrimo crítico de los acuerdos con las FARC-EP.

El partido de Uribe, Centro Democrático, presentó un recurso contra el Acto Legislativo para la Paz por considerarlo inconstitucional, lo que pone de relieve una vez más su inconsecuencia y su afán de prolongar la guerra.

Son momentos cruciales, donde lo que está en juego no es el destino de un gobierno o de una organización guerrillera, sino el de todo un país, que no puede soportar por más tiempo la sangría humana, social, política y económica que significa la guerra.