por Roberto Morejón

Los cabecillas de la extrema derecha que controlan la cúpula de la Asamblea Nacional de Venezuela amenazan con nuevas maniobras, ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de evaluar el presupuesto 2017, en lugar de enviarse al parlamento.

La misma instancia legislativa que permanece en desacato por desoír fallos del Tribunal Supremo de Justicia reclama considerar el presupuesto presentado por el gobierno, cuando en realidad obstaculiza las iniciativas para salir de las dificultades del país.

La máxima instancia de justicia declaró que el presupuesto deberá ser presentado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante la Sala Constitucional, con el propósito de mantener el funcionamiento del Estado y garantizar derechos esenciales.

La medida no responde a una estratagema para eludir las opiniones de la Asamblea Nacional, dominada por los sectores empeñados en derribar
al gobierno constitucional de Venezuela.

Simplemente, tiene en cuenta que la guerra económica articulada por empresarios, comerciantes inescrupulosos y traficantes recibe el apoyo de los sectores más extremistas de la llamada MUD, Mesa de la Unidad Democrática, y Estados Unidos.

El parlamento venezolano constituido después de las elecciones legislativas de diciembre pasado se convirtió en escenario donde los políticos beligerantes abortan iniciativas gubernamentales.

La tropa que sigue, a pesar de sus diferencias, al presidente de la Asamblea Nacional, el intolerante Henry Ramos Allup, encabeza los planes para lanzar a las calles a los venezolanos a fin de crear el caos.

Con el pretexto de exigir el referendo revocatorio presidencial para este mismo año después de solicitarlo oficialmente a destiempo, los conservadores del parlamento junto a la élite opositora que ellos integran, favorecen la intervención extranjera en Venezuela.

En su condición de adversarios del pueblo movilizado a favor de las conquistas sociales de la Revolución Bolivariana, los extremistas de la MUD conducen un parlamento alejado de las soluciones pacíficas de las dificultades de la nación.

Molestos por los éxitos del presidente Maduro durante la pasada cumbre de los No Alineados en la isla venezolana de Margarita, el arco de la oposición derechista seguramente trataría de inutilizar el presupuesto 2017 si lo sometiera a consideración.

Los representantes de la oligarquía y los más rancios intereses corporativos en Venezuela admitieron su rechazo a que el gobierno proponga sostener planes de beneficio social, en medio de la baja de ingresos por la exportación petrolera.

Si la derecha venezolana decidiera sobre el presupuesto nacional haría más difícil la situación de la mayoría de los sectores más necesitados de ese país