por  Nicanor León Cotayo

No pocos se preguntan ya cómo evolucionará la tensa situación que viven amplios sectores de la sociedad estadounidense.

Un cable de la agencia estatal española EFE dijo este miércoles que abogados y activistas sugirieron a indocumentados  recopilar pruebas sobre su estancia en ese país.

Aclararon hacerlo de cara a las nuevas directrices migratorias ordenadas por Donald Trump.

Víctor Nieblas, ex presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, planteó:

“La nueva política de ‘deportación expedita' incluye a personas que han vivido menos de dos años en Estados Unidos”. De ahí la importancia de tener documentos, que certifiquen una estancia mayor a 24 meses”.

Otro ejemplo del ambiente de inseguridad que prima en esos lares fue brindado este miércoles por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

Su Oficina de Servicios para Refugiados y Migrantes anuncia que preparó un video “para ayudar a personas con un estatus inmigratorio precario”.

Lo difundía la arquidiócesis de Miami, que preside el arzobispo Thomas Wenski, para que las parroquias y sacerdotes lo dieran a conocer en sus iglesias.

Lo Horas antes el Departamento de Seguridad Nacional había impuesto nuevas directrices encaminadas a robustecer, aún más, el control migratorio.

EFE opinó que se trata de un “agresivo plan” donde incluyen acelerar la expulsión de inmigrantes no bien documentados y contratar a 15 mil nuevos agentes represivos.

Luego un memorando firmado por el secretario de esa agencia federal, John Kelly, corroboró lo temido por muchos.

El Departamento de Seguridad, afirmaba el documento, “ya no eximirá clases o categorías” de extranjeros indocumentados de “una potencial aplicación de la ley”.

Un abogado de inmigración, Fernando Romo, recordó que con anterioridad ejecutó lo mismo el gobierno ultraderechista de George W. Bush contra extranjeros residentes en su territorio durante menos de un año.

“Extender el tiempo de estadía  para acceder a un juez demuestra la mano dura que este gobierno quiere imponer a  los indocumentados”, apuntó Romo.

Sin embargo, la cuerda se torna aún más peligrosamente inflexible cuando establece, y lo explica el mismo abogado, llevar a cabo lo siguiente:

Conservar, entre los documentos a utilizar por juristas, las declaraciones de impuestos, recibos de servicios públicos y contratos de alquiler, “para comprobar la estadía de un inmigrante”.

Además, las cuentas de banco y los talones de cheque de pago de salario también pueden servir.

 “Si un agente descubre que se está usando otro nombre eso podría traer otras consecuencias legales, e incluso se le puede mantener arrestado”.

Agrega, “no deben entregar los originales, ni al abogado, ni al oficial de inmigración”, y para dar un tono más sombrío remacha, “quédese en silencio hasta ver un jurista”.

Por su parte Nieblas recomendó a los inmigrantes mantenerse serenos, no dejarse intimidar ni firmar algún documento sin la presencia de un abogado.

“Sabemos que los agentes están gritando e incluso les están mintiendo para lograr que abandonen sus derechos, pero no debemos caer en esa trampa”, aseveró.

¿La irrupción de un Estado policiaco sin máscara en ese país? ¿O es que acaso luego de abierta allí la caja de pandora ahora no saben cómo cerrarla?

Todavía más delicado, es que el tema de ese tipo de inmigración apunta devenir el lado flaco –e insoluble- de la administración Trump.