por Guillermo Alvarado
Numerosas organizaciones humanitarias de Colombia manifestaron su preocupación por los múltiples asesinatos, agresiones y amenazas de que son víctimas los dirigentes sociales y comunitarios en ese país sudamericano y llamaron a las autoridades a reconocer ese fenómeno y tomar cartas en el asunto para solucionarlo.
Un informe elaborado por el grupo no gubernamental Somos Defensores indica que en 2016 los asesinatos de líderes sociales se incrementaron en 27% respecto a igual período anterior.
El año pasado se perpetraron 80 homicidios en todo el país contra activistas medioambientales, defensores de los derechos humanos y dirigentes campesinos y sindicales, en tanto que los atentados fallidos fueron 49, según esa investigación.
Muchas de estas muertes ocurrieron en zonas donde hay una fuerte presencia militar y policial, de donde se deduce que esos efectivos no están allí para proteger a la población sino a otros intereses específicos, señaló la organización.
A pesar de la gran cantidad de muertes y aunque la fiscalía colombiana reconoció algunas detenciones, hasta el momento no hay ninguna persona sancionada por estos hechos, lo que genera el temor de que al final todo quede en la impunidad.
El alza de los asesinatos coincidió con momentos clave del proceso de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo, lo que puede indicar una reacción de grupos paramilitares y el crimen organizado contra los acuerdos para poner fin al conflicto armado.
El Observatorio de Seguridad Humana de Medellín expresó su indignación por esta cadena de muertes y lamentó que algunos funcionados del gobierno insistan en atribuir los asesinatos a “desconocidos”, en lugar de reconocer que se mantiene la actividad paramilitar en el territorio colombiano.
La organización aseguró que la persistencia de estos crímenes no puede ser puesta en entredicho. El pasado 3 de marzo la Defensoría del Pueblo emitió una alerta en la que señala que entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017, ha registrado al menos 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones.
Al mismo tiempo el grupo Cumbre Agraria, Étnica y Popular protestó por la falta de garantías para la vida y el incumplimiento del gobierno de sus obligaciones de proteger a la población.
Varios activistas coincidieron en señalar la sombra que perdura sobre el país tras la masacre cometida contra los dirigentes y militantes del partido político Unión Patriótica, surgido en 1984 tras una negociación entre las FARC y el gobierno de ese entonces, encabezado por Belisario Betancur.
Dos candidatos presidenciales, 21 parlamentarios, 70 concejales, 11 alcaldes y entre tres mil 500 y cinco mil miembros fueron asesinados por una alianza en la que participaron políticos de derecha, elementos de seguridad del Estado, narcotraficantes y paramilitares, en uno de los hechos más vergonzosos ocurrido en Colombia.
De allí la preocupación de las organizaciones indígenas, campesinas, obreras y comunitarias por la ola de muertes ocurridas recientemente y la indiferencia del gobierno ante lo que constituye un claro obstáculo para la construcción de la paz.
