por Guillermo Alvarado
Aunque existen múltiples evidencias de que durante mucho tiempo la empresa constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos en México a cambio de jugosos contratos, las autoridades de ese país decidieron congelar durante cinco años todas las informaciones vinculadas con denuncias, reportes y órdenes de investigación relacionadas con este caso.
De esta manera respondió la Procuraduría General de la República a la solicitud presentada por un particular, quien requería datos sobre los pagos ilícitos realizados a funcionarios públicos por la corporación sudamericana y su subsidiaria Braskem.
Esto supone una diferencia con otras naciones donde no sólo se ha difundido con amplitud todo lo relacionado con Odebrecht, sino que también se emitieron órdenes de captura contra algunos de los responsables.
A pesar de la reserva ordenada por la Procuraduría, hay informes que se conocieron ya sobre cómo operó en México esta tenebrosa firma, que montó en nuestra región una impresionante estructura dedicada a fomentar la corrupción para obtener enormes ganancias con sus negocios sucios.
En 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón, la subsidiaria Braskem firmó con Petróleos Mexicanos, PEMEX, un oneroso contrato para la construcción en el estado de Veracruz la planta Etileno XXI, cuyos costos se dispararon durante el desarrollo de la obra, pero en todos los casos los inconvenientes se resolvieron a favor de la corporación brasileña.
PEMEX canceló todos sus intereses en materia de etileno, entre ellas la fabricación de plásticos, en beneficio de Braskem, es decir de Odebrecht, pero los términos concretos del contrato y el costo de esta operación se mantendrán ocultos durante 20 años.
Además, la Auditoría Superior de la Federación, un órgano de control vinculado a la Cámara de Diputados de México, detectó numerosas irregularidades en las relaciones con la constructora brasileña y alertó en su momento al ejecutivo, pero a pesar de ello los negocios se multiplicaron.
Por ejemplo la reconfiguración de una refinería ubicada en Minatitlán, Veracrúz, se pactó con Odebrecht en 639 millones de dólares y al final se pagaron mil 55 millones, aunque la obra se entregó cinco años más tarde de lo acordado.
Según declaraciones hechas en 2016 por funcionarios del consorcio brasileño durante un juicio celebrado en Nueva York, el pago de sobornos en México era una constante durante las relaciones de la empresa con PEMEX y otras entidades.
Para ocultar los hechos se habría recurrido a una red de firmas ubicadas en paraísos fiscales con el propósito de eludir licitaciones y otorgar directamente millonarios contratos a Odebrecht.
Quiénes y de qué manera se beneficiaron con este tinglado aún está por conocerse, pero ahora las autoridades mexicanas decidieron esconder los datos por cinco años y es difícil que alguno de los implicados por voluntad propia haga una confesión pública.
Se conoce, eso sí, al más afectado en esta red de corrupción, mentiras y engaños, que es el pueblo mexicano, que vive en un país rico, pero para nada puede disfrutar de esos beneficios.