por Roberto Morejón

En el camino hacia la concesión de más facilidades a las familias para la construcción de viviendas, el Estado cubano tiene en cuenta a las personas más vulnerables socialmente y amplió las posibilidades para el otorgamiento de subsidios.

Nuevas regulaciones jurídicas para entregar esos beneficios a ciudadanos sin recursos suficientes para emprender la construcción de nuevas moradas entraron en vigor en Cuba.

Las medidas tratan de afrontar una realidad no deseada, porque las solicitudes de coberturas sobrepasan la capacidad de financiamiento.

Ese respaldo se obtiene en Cuba a partir del 60% del impuesto recaudado sobre la venta de materiales de construcción.

En lo adelante, los gobiernos municipales organizarán como mínimo dos convocatorias anuales para la recepción de peticiones de subsidios y las familias podrán reclamar la continuidad de esa prestación en caso de una contingencia del titular.

Otras disposiciones concretadas conceden de manera excepcional, por única vez, la legalización de viviendas y el reconocimiento del derecho perpetuo de superficie a personas que levantaron inmuebles en lugares diferentes a donde originalmente residían.

Se trata de una situación repetida en Cuba en los casos de familias afectadas por fenómenos naturales, obligadas a desplazarse del sitio donde estaba enclavada su morada.

Las disposiciones apuntadas y otras para hacer más ordenado el proceso de anuencia de subsidios se une a la creciente presencia de la Industria Local de Materiales de la Construcción.

Esa fuente de recursos, especialmente áridos, abastece las tiendas del Ministerio de Comercio Interior, donde compran las personas beneficiadas con subsidios.

Mil 400 trabajadores privados también recibieron autorización para vincularse a empresas estatales y poner a su disposición herramientas y equipos con el propósito de aumentar las potencialidades en los municipios para erigir viviendas.

De manera que el Estado cubano prosigue su política de subsidiar a personas necesitadas para construir al menos viviendas modestas.

Por supuesto, las limitaciones de un país pobre y bloqueado e insuficiencias tecnológicas de la industria de materiales dificultan los planes para acelerar, como se aspira, la construcción de viviendas, cuando más de la mitad del fondo se califica de regular o mal.

El sector estatal edificó casi 9 300 viviendas, el 95% del plan, en 2016, y la población terminó poco menos de 12 800, una parte de ellas mediante el otorgamiento de subsidios y la otra por esfuerzo propio.

Las autoridades buscan eliminar las trabas burocráticas para hacer más expedito el procedimiento con vistas a apresurar el ritmo de construcción de viviendas, un añejo problema de la sociedad.