por María Josefina Arce

Desde que en diciembre del pasado año el golpista Michel Temer presentara su proyecto de reforma laboral, los trabajadores brasileños no han abandonado las calles de Brasilia y de otras importantes ciudades del país para protestar por esa enmienda que echará por tierra logros del sector obrero.

Para la próxima semana está prevista una nueva jornada de protestas y movilizaciones contra las maniobras que realizan diputados federales para acelerar la aprobación de la reforma laboral.

De hecho el proyecto se tramita en carácter conclusivo por lo cual de ser aprobado en la Comisión Especial del Congreso puede seguir directamente para el Senado, sin pasar por el plenario de la Cámara de Diputados.

Convocada por la CUT, Central Única de los Trabajadores, la protesta tiene como objetivo presionar a los diputados para que rechacen el proyecto que desconoce totalmente los derechos laborales.

Con un país que en la actualidad tiene una tasa de desempleo de cerca de 13%, la más alta de los últimos años, la reforma debilitaría aún más al trabajador en el contexto de las relaciones con los empleadores, quienes tienen el poder de la contratación.

Muchos estiman que si ahora cerca de 13 millones de brasileños están sin trabajo, en un futuro de aprobarse la reforma laboral crecería el número de las personas que buscan un empleo.

En recientes declaraciones, Vagner Freitas, presidente de la CUT, denunció que la reforma promovida por el presidente Michel Temer oficializa el servicio eventual, lo cual significa que solo se trabaja si el patrón convoca, se gana por lo que se produce, las vacaciones deben negociarse y los contratos son temporales por 120 días o más.

Lo cierto es que el gobierno del golpìsta Temer busca aumentar la edad mínima de jubilación e igualar a hombres y mujeres, y trabajadores del campo y la ciudad, al tiempo que permite ampliar la jornada de trabajo de 8 horas a 12 horas diarias.

Ya con la aprobación por el Congreso en marzo pasado de la tercerización del empleo, se fue a una precarización de las condiciones laborales para los trabajadores brasileños.

La nueva ley cambia radicalmente el escenario legal del mundo laboral, pues si hasta el momento, en Brasil regía la tercerización para actividades laterales: por ejemplo, de limpieza, transporte y vigilancia, ahora esa práctica se extiende a cualquier función empresarial.

La oposición acusó a la influyente Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo de haber auspiciado el proyecto, que aumenta también de 90 a 180 días el período de prueba para que un empleado sea considerado fijo en su puesto.

La legislación ha sido duramente por organizaciones sociales y sindicatos brasileños, que de inmediato se lanzaron a las calles para expresar su descontento.
La ex presidenta Dilma Rousseff afirmó que solo el mismo Congreso que dio un golpe de Estado al destituirla sin que hubiera cometido ningún crimen podía haber aprobado una ley contra los intereses del pueblo brasileño.

En ese contexto el órgano legislativo, en contubernio con el gobierno golpista del presidente Michel Temer, se apresta a asestar un golpe de muerte a los derechos de los trabajadores, que tienen ante sí un futuro incierto, en el que no descartan un aumento considerable del número de parados y un mayor deterioro de sus condiciones de vida.