Por: Guillermo Alvarado

El gobernador del estado norteamericano de Texas, Greg Abbott, del partido Republicano, firmó una controvertida ley donde declara ilegales las denominadas ciudades santuario en ese territorio, pero además amenaza con multas elevadas y prisión a las autoridades locales que se nieguen a colaborar con las fuerzas federales en la persecución de los inmigrantes indocumentados.

Abbott promulgó la legislación por medio de un espectáculo en las redes mediáticas, según él porque es donde todo el mundo ve ahora las noticias, pero en realidad para evitarse una protesta masiva frente a la sede del gobierno estatal.

El concepto de ciudades santuario no tiene una connotación legal y, de hecho, no todas funcionan de la misma manera, pero en general son urbes donde no hay una persecución declarada contra los indocumentados, en algunas incluso se les ofrecen trabajos y asesoría legal y, lo más importante, la policía local no colabora con los federales en la identificación, captura y deportación de quienes no tienen papeles en regla.

Ahora cuando le ley entre en vigor en Texas el 1 de septiembre, si un jefe de policía y sus agentes se niegan a acatar las normas antiinmigrantes, pueden ser multados hasta con 25 mil dólares diarios, perder sus trabajos e, incluso, ir a prisión.

Numerosas organizaciones sociales y humanitarias criticaron la iniciativa y advirtieron que acudirán a los tribunales para tratar de paralizar su puesta en práctica, como se hizo con las regulaciones emitidas hace poco por el presidente Donald Trump.

Texas, que por cierto forma parte de los territorios arrebatados por Estados Unidos a su vecino del sur, es el segundo estado norteamericano en población de origen hispano, con 9,8 millones de personas en situación legal, más 1,4 millones de indocumentados. El primero es California con 14,4 millones y en tercer lugar está Florida, donde viven 4,4 millones de latinos.

La regulación incluye el interrogatorio policial y la verificación de su situación legal en caso de ser inmigrante, a una persona que sea objeto de un control de tránsito o tenga que hacer cualquier trámite policial, como presentar una denuncia por un abuso o ser testigo en un juicio.

Los críticos a la legislación aseguran que eso provocará una situación de desconfianza entre la población hispana y la policía local.

México, que es el primer socio comercial de Texas, ya presentó una protesta por esta normativa, que afectará de manera directa a muchos de sus ciudadanos. Unos 35 millones personas de origen mexicano viven, trabajan o estudian en Estados Unidos, lo que convierte a esa nación en el primer objetivo de las prácticas xenófobas practicadas por Washington, y ahora por el estado de Texas.

La decisión del gobernador Abbott puso de nuevo en primer plano el debate sobre las políticas migratorias de Estados Unidos, a donde cientos de miles de personas intentan llegar cada año en busca de oportunidades que no hallaron en su lugar de origen, pero muchos sólo encontraron malos tratos, discriminación, sobreexplotación y en no pocos casos la muerte, sea en el trayecto, o ya en territorio del supuesto paraíso prohibido.