Por: Guillermo Alvarado

Por si no fuera suficiente con el continuo e indetenible proceso de exterminio de dirigentes y activistas sociales en Colombia, que se incrementaron durante el proceso de negociaciones entre el gobierno y la insurgencia, y subieron aún más tras la firma de los acuerdos de paz, un nuevo obstáculo surgió contra la consolidación de la concordia en un país azotado por más de medio siglo de enfrentamiento armado.

Desde inicios de 2016 y hasta la fecha 156 líderes comunales fueron asesinados ante la incapacidad o la falta de voluntad del ejecutivo para frenar este desangramiento paulatino, que agita el fantasma de la masacre cometida contra el partido Unión Patriótica, formado en 1985 después que varios grupos guerrilleros acordaron cesar las hostilidades con el entonces presidente Belisario Betancur.

En los siguientes diez años unos cinco mil miembros de esa agrupación, entre ellos dos candidatos presidenciales, 21 legisladores, 70 concejales y 11 alcaldes, fueron asesinados por paramilitares y fuerzas de seguridad, en lo que después fue reconocido como crímenes de lesa humanidad.

Los colombianos no olvidan esta lección y por eso existe una gran preocupación por los ataques mortales sufridos por dirigentes sociales y humanitarios, que ocurren sobre todo en lugares alejados a donde el Estado se demora en llegar. Todo ello en medio del silencio de los grandes consorcios de la información y de algunos organismos internacionales, que prefieren hacerse de la vista gorda.

A esta preocupación se suma ahora la reciente resolución de la Corte Constitucional colombiana, que mutiló un fallo precedente que facilitaba el procedimiento rápido de las reformas legales destinadas a la aplicación de los acuerdos logrados con las Fuerzar Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.

Se trata en concreto de la eliminación de dos artículos que preveían que los proyectos de ley debían ajustarse al texto del acuerdo de paz y contar con el aval previo del gobierno, y que las modificaciones debían pasar el filtro de las comisiones en ambas cámaras legislativas en una sola votación.

Ahora tendrán que discutir y decidir artículo por artículo, lo que significa la ralentización del procedimiento y causó profundo disgusto en la organización insurgente, que declaró a todos sus miembros en plenaria permanente en los campamentos donde aguardan su retorno a la vida civil.

Detrás de la maniobra está, por supuesto, el partido Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, el padre del paramilitarismo colombiano.

Todo esto ocurre cuando faltan menos de dos semanas para cumplirse el plazo estipulado para la dejación de las armas, el próximo 1 de junio.

Aunque el presidente Juan Manuel Santos insiste en todos los foros que el proceso de paz es irreversible, la situación no deja de recordar aquel pasaje -que hemos mencionado otras veces- de la monumental novela de Gabriel García Márquez, Cien años de Soledad, cuando el coronel Aureliano Buendía, que comenzó 32 guerras y no ganó ninguna, descubrió de pronto que es mucho más fácil iniciar un conflicto, que tratar de terminarlo.