por Nicanor León Cotayo

Hace algunos días el multimillonario declaró que administrar el gobierno es más difícil que lo pensado, y la realidad avala su criterio.

Baste narrar, entre muchos, dos ejemplos cercanos para demostrarlo.

Los fiscales generales de Maryland, Brian Frosh, y del Distrito de Columbia, Karl Racine, le presentaron una demanda por recibir dinero de gobiernos extranjeros.

Esos ingresos procedieron de negocios aún vinculados al jefe de la Casa Blanca.

Durante una rueda de prensa en Washington, esos fiscales indicaron que Trump «violó de manera flagrante» previsiones constitucionales contra la influencia del dinero de intereses extranjeros o nacionales.

Según escribió este lunes en Miami el Nuevo Herald, esos funcionarios consideran que nunca antes un presidente de Estados Unidos había sostenido nexos tan grandes con intereses económicos del país.  

Algo que, subrayó la publicación floridana, «pone a la democracia en riesgo».

Frosh, el fiscal del estado de Maryland, aseguró confiar en que los tribunales o el Tribunal Supremo sienten un precedente ordenando a Trump desvincularse de sus negocios.

Fiscales generales llegan a opinar que está violando cláusulas de la Constitución federal.

¿Motivo? Debido a que gobiernos, como el de Arabia Saudita, «endulzan» sus relaciones con la Casa Blanca mediante el gasto de centenares de miles de dólares en instalaciones del presidente, como el Trump International Hotel.

Por si no fuera suficiente, también este lunes, la agencia española EFE dio a conocer que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Atlanta propinó otro sensible golpe al mandatario.

¿En qué consistió? Mantuvo suspendido el bloqueo alentado en marzo por Trump a la entrada de refugiados y de habitantes de seis naciones con mayoría musulmana al territorio de Estados Unidos.

Por tanto, el fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito beneficia a quienes rechazan la medida e impone mayor presión sobre el Tribunal Supremo.

En la decisión, cuyo texto abarca 86 páginas, los magistrados afirmaron:

«La inmigración, incluso para un presidente, no es un espectáculo individual. La autoridad del presidente está sujeta a ciertas restricciones estatutarias y constitucionales».

«Concluimos que el presidente, al emitir esta orden, excedió el alcance de la autoridad delegada en él por el Congreso».

O sea, que el todopoderoso empresario neoyorquino tiene que plegarse a determinadas realidades del muy complejo mundo circundante.


(CubaSí)