por Guillermo Alvarado
El atentado terrorista perpetrado el sábado en un concurrido centro comercial de la capital colombiana, que dejó tres mujeres muertas y una decena de heridos, es un claro desafío al proceso de paz que se adelanta entre el gobierno y las dos principales organizaciones insurgentes del país, para poner fin a un conflicto armado interno de más de medio siglo.
De manera inmediata las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, denunciaron el ataque y se solidarizaron con las víctimas, al mismo tiempo que advirtieron de no instrumentalizar ese crimen para tratar de frenar la concordia y la reconciliación en una sociedad fracturada por el prolongado enfrentamiento.
También el presidente Juan Manuel Santos defendió la paz y aseguró que no se permitirá que lo alcanzado hasta ahora sea frenado por grupos extremistas.
Según el jefe de Estado las fuerzas de seguridad trabajan en tres hipótesis, que no identificó, para dar con los responsables de la explosión ocurrida el sábado por la tarde en el baño para mujeres del centro comercial, que por la hora y por ser víspera del Día de los Padres estaba lleno de personas.
Cualquier investigador más o menos talentoso sabe perfectamente que ante un acto de esta naturaleza lo primero que hay que determinar es a quien favorece el hecho, quién sale ganando de alguna manera son sembrar el temor y la inseguridad, y en ese sentido el abanico de posibles respuestas no es muy amplio.
Hay fuerzas poderosas en Colombia que desde el principio rechazaron los acuerdos de paz firmados con las FARC-EP, que en este momento están en un trabajoso proceso de implementación, así como las negociaciones que se realizan en Quito, Ecuador, con el ELN.
Precisamente esta semana debe terminar la dejación de las armas por unos siete mil integrantes de las FARC-EP, un paso determinante para su incorporación a la vida civil y la transformación de la agrupación guerrillera en un partido político.
Entre los principales adversarios a estos acuerdos está el derechista Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, quien de manera pública ha manifestado su rechazo a esta manera de finalizar el conflicto y sueña aún con el exterminio completo de los rebeldes por la vía militar.
Existen, además, numerosas bandas armadas irregulares y remanentes de grupos paramilitares que ejercen terror y control sobre determinadas regiones de Colombia y ven como un peligro el retorno del Estado a todo el territorio nacional.
Lo mismo sucede con el crimen organizado, en particular el narcotráfico, para quien la paz es una amenaza que puede dar al traste con el jugoso negocio del cultivo, producción y trasiego de estupefacientes, cuyo destino es el principal mercado de consumo del planeta ubicado en Estados Unidos.
En todo caso este ataque es un desafío que el gobierno de Santos debe resolver en el más corto plazo para restaurar la confianza de la población y demostrar la capacidad del ejecutivo en mantener a toda costa los compromisos asumidos con la sociedad y la comunidad internacional, que ven con preocupación estos sucesos.
