Por: Guillermo Alvarado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió un severo golpe –uno más desde que llegó al poder en enero pasado- cuando otros dos senadores del partido Republicano anunciaron que se suman a la oposición al proyecto de reforma del sistema de Salud que la Casa Blanca impulsa para desmontar las transformaciones hechas por el anterior gobernante, Barack Obama.

De esta manera, de los 52 miembros de la Cámara Alta que tiene el ejecutivo, cuatro se oponen a la ley, los que sumados a los 48 miembros del partido Demócrata impiden que la normativa sea aprobada, lo que constituye el más duro revés hasta hoy para el presidente Trump, que hizo del desmantelamiento del llamado Obamacare uno de los puntos cardinales de su campaña electoral.

Frustrado, el jefe de Estado publicó un mensaje en su cuenta de las redes sociales, uno de sus métodos favoritos para comunicarse, donde pide al Senado que simple y llanamente anule las reformas de Obama y comience de cero.

El punto aquí es que habría que ver si los republicanos están dispuestos a echar a pique ese sistema, que dejaría de inmediato sin seguro, es decir sin cobertura médica, a 20 millones de ciudadanos estadounidenses.

El Obamacare no es la solución para los graves problemas del sistema de salud en la nación norteña, pero permitió que millones de personas comenzaran a recibir sus beneficios al obligar a las empresas aseguradoras, todas ellas privadas, a otorgarles un contrato.

El plan republicano pretendía, entre otras cosas, eliminar la obligatoriedad de asegurar a todos los estadounidenses. Una enmienda del senador Ted Cruz buscaba, inclusive, reducir el precio del seguro por el mecanismo de no cubrir los gastos derivados del parto, el tratamiento de enfermedades mentales y problemas vinculados al consumo de drogas y otras adicciones.

Por otra parte, las autoridades federales se desentenderían de quienes carecen por completo de recursos, afiliados al llamado programa Medicaid, para dejarlos totalmente en manos de los gobiernos estatales, aunque con fuertes rebajas en su presupuesto.

Si este plan hubiese prosperado, se calcula que por lo menos 15 millones de estadounidenses habrían sido excluidos del sistema de salud de aquí a 2026.

Pare decirlo como es, el derecho a la salud, al bienestar y a la vida de 15 millones de seres humanos habría sido violado de manera flagrante, una verdadera vergüenza para la primera potencia económica del mundo, que se jacta de dar lecciones al respecto a otros países, generalmente donde los gobiernos no resultan de su agrado.

De todas formas, algunas medidas ya adoptadas por el presidente Trump crean serios problemas a trabajadores independientes o de pequeñas empresas, que han visto cómo se disparan los precios en las compañías aseguradoras.

Si las cosas van mal para los ciudadanos estadounidenses, imaginemos el calvario de los más infelices entre los infelices, los inmigrantes indocumentados, para quienes los servicios, es decir, los derechos a la salud, como de educación y otros, son fantasmas flotando en el cielo inalcanzable del paraíso capitalista.