Por: Guillermo Alvarado

Desde la celebración de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, comenzó una nueva campaña de desinformación en la que participan gobiernos y grandes medios de comunicación, con el objetivo de quitarle legitimidad a un acto soberano por medio del cual el pueblo expresó su apoyo a esa iniciativa del presidente Nicolás Maduro.

Uno de los argumentos más manidos es que esos comicios son un viaje a la tiranía, lo que raya en el absurdo porque sería la primera vez en el mundo que se tenga noticia de que un gobierno se convierta en tirano gracias a la voluntad popular manifestada en las urnas.

El presidente Maduro lo dijo, y es una gran verdad, que jamás en los últimos 18 años el movimiento revolucionario bolivariano había recibido tantos votos en una elección: 8 millones 320 mil. Veamos un poco de historia para ilustrar esto: El 6 de diciembre de 1998 Hugo Chávez fue electo presidente por primera vez, con 3 millones 673 mil sufragios; en los comicios para la Constituyente de 1999 el Gran Polo Patriótico de Chávez ganó con 3 millones 301 mil boletas.

En la segunda reelección del presidente Chávez, en el 2000, venció con 7 millones 309 mil votos y en la tercera, celebrada en 2012 conquistó 8 millones 191 mil.

Se trata, en efecto de la mayor asistencia a las urnas conseguida por la Revolución en todas las votaciones convocadas desde su inicio.

Otra crítica generalizada es la recaptura de los cabecillas opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes tenían el beneficio de casa por cárcel y fueron conducidos de nuevo a la prisión por violar los términos establecidos en la ley.

Esta no fue una decisión de Nicolás Maduro o del organismo ejecutivo, sino de los aparatos de justicia que funcionan con independencia. En todo el mundo la prisión domiciliaria o la libertad condicional tienen límites que si se transgreden, se pone fin automáticamente a un privilegio que siempre es otorgado bajo ciertas condiciones.

Eso en Estados Unidos pasa todos los días, como puede ocurrir en México, Brasil, Chile, Perú o donde sea, porque forma parte del ordenamiento jurídico nacional.

Ni López ni Ledezma son presos políticos. No fueron sancionados por sus ideas, sino por cometer delitos graves tipificados en el código penal de Venezuela. Se trata, pues, de reos comunes.

Preso político es, por ejemplo, el periodista y activista por los derechos humanos Mumia Abu Jamal, condenado en Estados Unidos, primero a pena de muerte y luego a cadena perpetua, por un crimen que no cometió. Su verdadera falta fue criticar la violencia de la policía contra los ciudadanos negros en esa nación.

Contra Venezuela se están vertiendo las más disparatadas mentiras, en un desesperado intento por frenar el proceso Constituyente, que será el instrumento para resolver la crisis por medio del diálogo y diluir los intentos de algunos sectores, dentro y fuera del país, de incendiar a la nación y sumirla en una sombría guerra civil que costaría miles de vidas y volaría en pedazos la estabilidad regional para beneplácito de quienes sólo saben mirar y escuchar lo que les dicen desde el norte.