Por María Josefina Arce

Un Congreso dominado por los partidarios de Michel Temer y temeroso de ver caer a más de sus miembros por escándalos de corrupción, decidió exonerar al presidente de Brasil de ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal.

Temer fue acusado de corrupción pasiva por el procurador general Rodrigo Janot después de que el empresario Joesley Batista, dueño de la empresa JBS, una de las mayores compañías de carnes del mundo, grabó en marzo pasado una conversación en la que el presidente enumera una serie de ilegalidades como la compra de jueces, diputados y ministros.

Esta Casa parece sorda para oír los reclamos de los brasileños, que en su gran mayoría desaprueban este gobierno y piden que Temer sea investigado, afirmó José Guimaraes, del Partido de los Trabajadores y líder de la minoría en el órgano legislativo.

Pero el Congreso parece importarle poco que con esa controvertida decisión da una imagen muy negativa y nada ética, y se aleja cada vez más del sentir del pueblo brasileño.

De hecho, según resultados de diversas encuestas, entre el 81 y el 93 por ciento de la ciudadanía consideró que los parlamentarios deberían admitir la acusación presentada contra Temer y el 79 por ciento dijo que quien respaldara al gobernante es también cómplice de la corrupción.

La realidad es que desde que Temer asumiera de manera nada limpia la presidencia, los congresistas dejaron de legislar a favor de la mayoría de la ciudadanía.

El órgano legislativo fue cómplice del golpe contra la primera mandataria Dilma Rouseff, elegida en las urnas por más de 50 millones de brasileños, y a pesar de no existir pruebas del delito que se le imputaba estuvo a favor del proceso que la llevó a ser depuesta de su cargo.

Medidas tan impopulares, propuestas por el gobierno de Temer, como el congelamiento de los gastos públicos por 20 años, con las consabidas afectaciones para primordiales sectores como la salud y la educación, también fueron sancionadas por el Congreso.

Igualmente a pesar de las constantes movilizaciones y de la opinión de la mayoría de los brasileños, los congresistas aprobaron la criticada Reforma del Trabajo, que echa por tierra los logros labores de los últimos años.

Luego de la controvertida decisión de exonerar a Temer, el Congreso podría nuevamente abrir las puertas al debate de la reforma del sistema de pensiones, paralizado desde mayo pasado por la incertidumbre respecto al futuro político del jefe de estado.

Esta reforma constituye, en opinión de los expertos, la piedra angular del plan del presidente para reducir el déficit presupuestario de Brasil.

Pero la iniciativa, que ha sufrido ligeras modificaciones con vistas a su aprobación,

es rechazada por el 93 por ciento de la población, pues pospone jubilaciones y disminuye los valores de los beneficios, impactando especialmente en mujeres, profesores y trabajadores rurales.