Por María Josefina Arce

Perú vive días de continúa agitación. Numerosas personas se han lanzado a las calles para protestar por el indulto presidencial al ex dictador Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.

Las manifestaciones de protesta, reprimidas por la policía, han sido constantes desde que se diera a conocer la decisión del jefe de estado peruano Pedro Pablo Kuczynski, que muchos califican más que como un indulto humanitario como un pacto de impunidad, que evitó además, su destitución por haber ocultado pagos de la empresa brasileña Odebrecht a una firma de su propiedad que se produjeron antes de haber accedido a la presidencia.

Lo cierto es que la medida a favor de Fujimori, por supuestos problemas de salud, tuvo lugar pocos días después de que en el Congreso un grupo de parlamentarios fujimoristas impidieron que Kuczynski fuera removido de su puesto, aunque fue precisamente esa bancada la que promovió el proceso en el órgano legislativo contra el actual presidente.

Sin embargo, la votación no fue como se esperaba y decisivas para evitar la salida de la presidencia de Kuczynski resultaron las abstenciones de Kenji Fujimori, hijo del ex presidente indultado, y otros nueve legisladores afines del partido opositor Fuerza Popular.

Ya algunos congresistas del gubernamental Peruanos por el Cambio presentaron su renuncia por considerar inaceptable la decisión presidencial, que ha sido fuertemente criticada también por legisladores de otras bancadas.

Para la líder del izquierdista Nuevo Perú, Verónica Mendoza, el gobernante "acaba de hacer una vil traición a la Patria".

Mientras en las calles son muchos también los que cuestionan el motivo del indulto presidencial, pues medios peruanos de prensa publicaron que uno de los doctores que evaluó al ex gobernante había sido su médico personal en el pasado.

Recordemos que Fujimori fue condenado por la autoría mediata, con dominio del hecho, de dos matanzas perpetradas en 1991 y 1992 por el grupo militar encubierto Colina, con un total de 25 muertos, y el secuestro agravado de un periodista y un empresario en 1992.

Al dictar la sentencia, la Corte Suprema de Justicia estimó que el fallo de 25 años de cárcel respondía a la "gravedad" de los hechos juzgados, los cuales se inscribían en un plan de desapariciones forzadas y asesinatos a cargo del Estado, las fuerzas armadas y el servicio de inteligencia.

El ex presidente también fue encontrado culpable de entregarle 15 millones de dólares de fondos públicos a su entonces asesor Vladimiro Montesinos y de otros casos de corrupción, entre los que se encontraban soborno de congresistas, espionaje telefónico y compra ilegal de canales de televisión.

Precisamente un video en el que se veía a Montesinos entregar dinero a un congresista de la oposición fue lo que llevó en el 2000 al fin del gobierno de Fujimori, quien escapó a Japón, país de nacimiento de sus padres, desde donde envió su renuncia por fax. En 2005 viajó a Chile y desde ahí fue extraditado a Perú en 2007.

La controvertida medida del presidente Kuczynski, que para muchos es un pago al voto de Kenji Fujimori, ha abierto viejas heridas y ha puesto en entredicho la credibilidad del primer mandatario. Los parientes de los asesinados y desaparecidos anunciaron que recurrirán a instancias internacionales para anular el indulto y que Fujimori cumpla la totalidad de la condena a la que fue sentenciado.