Por: Guillermo Alvarado

Desde diciembre de 1987 la Asamblea General de la ONU declaró el 26 de junio Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Drogas, con el objetivo de reforzar la cooperación para prevenir y erradicar este azote, una amenaza grave para la salud de las personas y la estabilidad política y económica de las naciones.

El máximo organismo mundial acordó una política global destinada a reducir antes de una década la producción y la demanda, controlar los medicamentos sensibles, impedir su desvío al mercado ilegal y resguardar a mujeres, jóvenes y niños de una plaga mortal, objetivos que tristemente aún están muy lejos de conseguirse.

La razón de este fiasco podría descubrirse en las declaraciones del experto colombiano Augusto Pérez, quien señaló que en materia de narcodependencia el aspecto más importante, y donde menos énfasis se pone, es en la prevención.

En igual sentido va un artículo publicado recientemente por el diario The New York Times, donde se asegura que Estados Unidos y otros países, como México, necesitan ver más allá de la idea de que las adicciones son sólo un problema judicial que puede solucionarse con arrestos, juicios y condenas. Debemos, dice el periódico, atacarlo junto con políticas de salud pública y educación.

Esto último es de lo que menos ha habido en las naciones afectadas por el tridente nefasto de la droga: la producción, el traslado y el consumo, que no pueden enfrentarse de manera aislada uno del otro.

Dentro de Estados Unidos, el mayor mercado de consumo mundial y hacia donde fluyen estupefacientes originarios de Asia, África y América Latina, priman los criterios policiacos hacia el interior y los militares en el exterior, lo que ha generado un torbellino de violencia que deja a la población civil como rehén.

Sólo en México desde 2006 se registraron más de cien mil muertos por el enfrentamiento del Estado contra las mafias, y entre ellas mismas por el control de territorios y rutas. Si se suman las pérdidas de vidas en Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia, el resultado es igual al de una guerra de gran intensidad.

Otros datos que apuntan al fracaso del enfoque militar son que desde el inicio de la intervención de Estados Unidos y sus aliados en Afganistán, que aún ocupan buena parte de ese territorio, la producción de opio no hace sino crecer.

Por otro lado, si bien siempre se culpó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de estar detrás del narcotráfico, luego de la firma de los acuerdos de paz sus militantes abandonaron las zonas de influencia y, a pesar de ello, el Departamento Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, reconoció que en 2017 el cultivo de coca creció 18 por ciento y la fabricación de cocaína en 35.

La DEA también informó que en 2016 en territorio norteamericano el consumo de esta droga aumentó en 12 por ciento y las muertes por sobredosis en 56 puntos.

Oferta, trasiego y consumo y la violencia que generan a su alrededor deben verse con criterios multidisciplinarios, que incluyan educación, salud y desarrollo, de lo contrario esta peste nos derrotará una y otra vez y las víctimas se acumularán ante nuestros ojos, si acaso no nos contamos nosotros mismos entre ellas. FIN