Por María Josefina Arce

Los argentinos amanecieron este lunes con un nuevo aumento de los precios de los servicios, en este caso del transporte, una situación que no ha dejado de repetirse a lo largo del presente año y que afecta considerablemente a las familias más humildes.

El incremento del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires es el último programado para 2018, según el gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, que desde su llegada a la Casa Rosada hace casi tres años no ha dejado de aumentar los precios de productos básicos y servicios.

Ahora el pasaje mínimo de autobús pasará a costar 13 pesos argentinos, unos cero coma 35 dólares, que puede parecer para muchos una cifra insignificante, pero el problema es que desde enero hasta la fecha el boleto presenta un incremento del 117 por ciento.

A esto se suma que ya el mes de octubre se había iniciado con un alza del costo del gas manufacturado en red entre 30 y 35 por ciento, por entender las autoridades que ha disminuido su consumo en el verano, otro golpe para la economía familiar.

La realidad es que el gas, la electricidad y el agua no han dejado de sufrir constantes incrementos de sus precios para, de acuerdo con el gobierno, reducir el déficit y sanear la economía, pero que incluso algunos de sus simpatizantes califican como desmedidos.

El transporte público ha sido otro de los servicios golpeados por los tarifazos, que han provocado marchas y protestas en todo el territorio argentino, que condenan el programa neoliberal del gobierno de CAMBIEMOS, profundizado tras el millonario préstamo solicitado al FMI, Fondo Monetario Internacional, dada la estrepitosa caída del peso argentino ante el dólar a mediados de año.

Son muchos los que subrayan que el gobierno de Macri se ha excedido al hacer que Argentina pasara de tener los servicios más baratos a ser uno de los más caros de la región.

La realidad es que los sectores más humildes tienen que pagar más que hace tres años. De acuerdo con algunas consultoras, en la actualidad los ciudadanos que cobran un salario mínimo destinan el 21 por ciento de sus ingresos a cubrir los servicios públicos, es decir una quinta parte de su sueldo.

En medio de este panorama era de esperarse que el aumento de la pobreza sea una preocupación. Para Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, cuando culmine el presente año la pobreza afectará al 30 por ciento de la población argentina, o sea más de 13 millones.

Frente al hambre el gobierno argentino va a tener que inyectar más partidas de dinero en las capas más bajas de la sociedad, afirmó el experto.

La realidad es que la Argentina ha cambiado mucho, pero para mal bajo el mandato de Macri, cuya impopularidad sigue creciendo y cada vez son más los que califican de negativa la gestión de su gobierno, en el que no confían para lograr una recuperación económica del país y sobre todo proteger a los sectores más vulnerables.