Por María Josefina Arce

Desde que hace cuatro años la sociedad mexicana fuera sacudida por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero; pocas han sido las respuestas convincentes, y el caso sigue generando demasiadas dudas.

Pero desde el pasado sábado se inició una nueva etapa para la nación latinoamericana. La asunción del presidente Manuel López Obrador significa un cambio radical en la política mexicana. De hecho una de sus primeras medidas fue firmar un decreto para la instalación de una Comisión de la Verdad que investigue el caso de los estudiantes desaparecidos.

En un plazo no mayor de 30 días deberá quedar instalada la Comisión, que contará entre sus miembros con familiares de los jóvenes, así como con representantes de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores y técnicos foráneos.

El nuevo gobierno quiere llegar a la verdad sobre lo acontecido en septiembre de 2014 y hacer justicia, pues la versión dada por el gabinete anterior, presidido por Enrique Peña Nieto, fue cuestionada por expertos internacionales y no dio respuesta a todas las interrogantes.

Después de numerosas detenciones, pruebas contradictorias y densos informes periciales, la Fiscalía aseguró que los estudiantes fueron detenidos por la policía local, entregados al cartel de los Guerreros Unidos e incinerados en el basurero de Cocula, municipio colindante a Iguala.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó en aquella ocasión que los estudiantes no pudieron ser incinerados en el basurero, ya que en el lugar no se encontró evidencia de que se hubiera quemado ni un solo cuerpo, lo que desmiente la versión de algunos implicados.

Errores, mentiras, contradicciones y ocultamientos caracterizaron las investigaciones oficiales sobre los hechos que involucraron, de acuerdo con las autoridades, al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca y a su esposa, a la policía y al grupo narcotraficante.

En reiteradas ocasiones los familiares de las víctimas denunciaron lo que calificaron de inoperancia de las autoridades en el esclarecimiento de los acontecimientos que evidenciaron la impunidad de la policía

El nuevo gobierno volverá a retomar las investigaciones de varios organismos entre ellos, los del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes o el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al tiempo que se analizará también la información que poseía la Fiscalía.

El presidente López Obrador aseguró que la Comisión no tendrá ningún obstáculo para realizar su trabajo, y recalcó que aunque será respetuoso de la autonomía de los otros poderes, estará atento al avance de las investigaciones, pues es un caso que afecta y preocupa a todo México.

Ahora existe voluntad y un serio compromiso del nuevo gobierno por esclarecer los hechos que han llenado de dolor durante cuatro años a familias mexicanas. Ojalá pronto tenga respuesta una interrogante que no ha dejado de estar presente en la sociedad: ¿dónde están los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa?.