Por: Guillermo Alvarado

Una nueva escalada de violencia que incluye el ataque con un coche bomba contra una academia de policía en Bogotá, capital de Colombia, puso casi a punto de mate el proceso de paz en ese país, donde ocurre un conflicto armado de más de medio siglo de duración, sin que se vislumbre una salida a corto o mediano plazo.

La acción, por la que se responsabilizó el insurgente Ejército de Liberación Nacional, ELN, fue aprovechada inmediatamente por el gobierno del presidente Ivan Duque para cerrar un diálogo que en realidad nunca quiso comenzar.

A fuer de ser sincero, debo decir que desde su campaña electoral Duque, miembro del derechista partido Centro Democrático, fue un adversario acérrimo de cualquier tipo de negociación con las agrupaciones insurgentes y rechazó los acuerdos que firmó su antecesor, Juan Manuel Santos, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, las FARC-EP.

De hecho, este pacto sufrió modificaciones en su letra y su espíritu que lo mantienen inoperante, como denunció recientemente el líder guerrillero Iván Márquez, quien aceptó que fue un error hacer dejación de las armas antes de garantizar la incorporación efectiva de los combatientes a la vida civil y política.

El atentado de la semana pasada, que dejó 21 muertos, incluyendo al presunto responsable, y decenas de heridos, es la excusa perfecta para el ejecutivo de cerrar el capítulo de las negociaciones y reactivar las órdenes de captura contra los dirigentes del ELN.

Viene ahora un tiempo aún más convulso en un país donde la violencia es pan de cada día y que deja numerosas víctimas, con o sin acuerdos. Así lo demuestra el asesinato de líderes sociales y activistas por los derechos humanos. En 2018 ocurrieron más de 160 ejecuciones contra dirigentes comunitarios y se estima que desde la firma de los acuerdos con las FARC-EP son alrededor de 400 casos, incluyendo casi un centenar de antiguos combatientes.

No comenzó diferente este año, pues suman una decena los activistas muertos por ataques armados en lo que va de enero. El investigador Camilo Bonilla señaló que se trata de un exterminio metódico y selectivo y expresó que algo similar ocurrió contra los militantes de la Unión Patriótica en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado.

Todo esto va llevando al país a un callejón sin salida porque la historia reciente demuestra que la violencia no soluciona los problemas más graves, como lo son la pobreza, el despojo de sus tierras a los campesinos por parte de terratenientes y la proliferación de bandas armadas irregulares.

No hacen falta declaraciones más o menos altisonantes que no van seguidas de acciones concretas. Es momento, creo yo, de poner en práctica aquellas sabias palabras de Mahatma Gandhi, quien dijo que no hay caminos hacia la paz, la paz es el camino.