Por  Arnaldo Musa

No estoy de acuerdo con que se diga que Iván Duque tenga que pedir permiso al imperialismo norteamericano hasta para ir al baño, porque la concatenación de sus actos, imperdonables para el pueblo colombiano, ya dejan bastante embarrados al electo equivocadamente Presidente de Colombia.

Sin ser un agorero ni mucho menos, se sabía de antemano que Duque iba a promover todo tipo de triquiñuela contra el Acuerdo de Paz firmado por el anterior gobierno y las ahora desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, devenidas en partido político, cuyos integrantes devueltos a la vida pública figuran entre los principales asesinados por las fuerzas paramilitares jamás desmovilizadas y nunca perseguidas.

Ahora se habla de que el Congreso no lo va a dejar hacer todo lo que quiere, así como Naciones Unidas y otras entidades que participaron e hicieron legal el proceso que puso nominalmente, repito , nominalmente, fin a más de 50 años de guerra en Colombia.

Pero el Imperio está detrás de todo esto para avalarlo, cuestión ya reconocida y preparada por otros enemigos con más talla política y tan sinvergüenzas como Duque, por ejemplo, su mentor Álvaro Uribe, y así el mandatario se lanzó como un torpedo para hundir la nave de la paz.

Para ello, rechazó seis artículos de una ley de justicia especial que es clave para el proceso de paz, y llamó "justicia de impunidad" a la "justicia transicional" aprobada en las discusiones.

En sí, se denomina Ley de Justicia Especial para la Paz, que constituye el corazón de los acuerdos de paz firmados con la ex guerrilla de las FARC en el 2016, toda una propuesta de contrarreforma para terminar con la justicia transicional acordada en La Habana.

El acuerdo entre las FARC y el gobierno habilitó una jurisdicción independiente de la justicia ordinaria, cuyo objetivo es que se esclarezca la verdad y se repare a las víctimas. Ahora se quiere menoscabar la estructura de esa jurisdicción de paz, quitándole competencias y aplicar penas más altas a los guerrilleros amparados en el convenio.

En caso de que prospere, sería un golpe rotundo a uno de los pilares de los acuerdos de paz. Hay más de 5 000 guerrilleros y 2 000 policías y militares acogidos a esta jurisdicción.

Mientras se condenaba a Duque en la ONU por obstaculizar el proceso de paz, expertos hacían hincapié en que el mandatario se estaba burlando de Naciones Unidas y de los países que apoyaron el proceso.

Empero, algunos piensan que la decisión de Duque no prosperará, porque ya comenzó a funcionar la Corte Constitucional que vigila el proceso, para evitar un salto atrás y la reapertura ilegal de la mesa de negociación.

Eso crea una gran desconfianza en el exterior, por lo cual la Corte Penal Internacional está con sus ojos puestos para que funcione esa jurisdicción especial.

Asimismo, es poco probable que los planes del gobierno se concreten, en parte por los partidos opositores en el Congreso, y el rechazo de la mayoría de los colombianos.

Incluso, se especula que sus desaciertos podrán provocar su eliminación de la Presidencia, cuestión que no creo. Mientras tanto, sigue dando aliento a la política de asesinatos selectivos contra líderes sociales y aquellos que lucharon en la guerrilla y debían estar protegidos por el tambaleante Acuerdo de Paz. (Tomado de Cubasí)