Por: María Josefina Arce
El actual ministro brasileño de Justicia, el ex juez Sergio Moro, está en el ojo de la tormenta que se ha desatado por las recientes revelaciones del sitio digital The Intercept y que han puesto en entredicho su imparcialidad durante el caso Lava Jato.
De acuerdo con las últimas informaciones, el Colectivo Abogadas y Abogados por la Democracia presentó a la Fiscal General de la República, Raquel Dodge, un pedido para que Sergio Moro sea investigado por conductas ilícitas.
El grupo también presentó al Tribunal Superior de Justicia una solicitud de detención preventiva contra Moro e integrantes de la operación anticorrupción Lava Jato por actuar de manera confabulada para practicar fraudes procesales contra los acusados.
El descrédito acompaña ahora a la figura de Moro, que en su momento supo explotar su imagen de héroe al lanzarse en una supuesta cruzada contra la corrupción en Brasil y que salpicó a otras naciones latinoamericanas.
Lava Jato involucró a políticos, senadores y diputados como Eduardo Cuhna, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados desde el 2015 hasta el 2016 y uno de los artífices del golpe parlamentario contra la entonces presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, que había sido reelecta por más de 50 millones de brasileños en 2014.
La operación fue utilizada por Moro contra el ex mandatario Luis Inacio Lula Da Silva, quien fue acusado de corrupción, sin que hasta el momento exista alguna prueba al respecto.
Sirvió para desatar una persecución política contra el ex presidente, favorito para las elecciones generales de octubre de 2018. como evidenciaban las distintas encuestas de opinión.
Sin embargo, ni la sentencia contra Lula logró disminuir el apoyo de gran parte de los brasileños al ex presidente, cuyos dos mandatos cambiaron el rostro de Brasil, gracias a los programas sociales puestos en marcha a favor de los sectores más vulnerables.
El actual ministro brasileño de Justicia maniobró de tal forma con fiscales involucrados en Lava Jato que logró que Lula no pudiese continuar como candidato del Partido de los Trabajadores y tuviera que asumir su compañero de fórmula, Fernando Haddad, objeto también de una fuerte campaña de descrédito.
Se evitó así que el Partido de los Trabajadores retornara al poder después de la sucia estrategia llevada a cabo primero contra Dilma Rousseff y después contra Lula, y que la oligarquía se mantuviera al frente de Brasil, ahora de la mano del ultraderechista y controvertido Jair Bolsonaro.
La solicitud del grupo de juristas brasileños presentada ante la Fiscal General y el Tribunal Superior reafirma lo que es opinión de millones de brasileños, que el mayor blanco de la operación Lava Jato fue Lula Da Silva, preso desde abril de 2018 y condenado en un inicio a doce años, sentencia reducida a casi nueve años por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Brasil.
El escándalo desatado por las revelaciones de The Intercept acapara hoy la atención de Brasil. En la mira está el actual ministro de Justicia Sergio Moro, a quien se le ha caído su máscara de luchador anticorrupción y cuya credibilidad es hoy cuestionada por gran parte de la sociedad de la nación sudamericana.
Por lo pronto el venidero día 19 tendrá que dar explicaciones ante el Senado el ex juez, que en cuestión de horas ha visto resquebrajarse esa imagen anticorrupción que vendió a los brasileños y que le ha permitido convertirse en ministro de Justicia, aunque en un primer momento dijo que no era un cargo al que aspiraba.
