Por: María Josefina Arce

Puerto Rico está en pie de lucha. Tras las multitudinarias protestas de más de diez días que forzaron la renuncia del gobernador Ricardo Roselló, los puertorriqueños van por más, cansados de la corrupción, el abandono, las cada vez más difíciles condiciones de vida y de la imposición por Estados Unidos de una injerencista Junta Fiscal.

La revelación de unas 900 páginas de un chat privado entre Roselló y algunos de sus más cercanos colaboradores con expresiones sexistas, homofóbicas y burlonas desencadenaron las impresionantes manifestaciones contra las autoridades coloniales, en las que los pobladores se expresaron de diversas formas y tuvieron en la gran riqueza cultural del país una forma de expresar su rechazo.

Ciudadanos de todos los rincones de la isla tomaron las calles y aún se mantienen en ellas, lo que llevó también a que la secretaria de Justicia Wanda Vázquez, la próxima en la línea de sucesión de Rosselló como gobernadora ante la ausencia de un secretario de estado, dijo que no tenía interés en tomar las riendas.

Los manifestantes que forzaron la salida de Rosselló del cargo también se oponían a Vázquez por su cercanía al gobernador. El dos de agosto se hará efectiva la renuncia de Roselló y hasta ahora no hay nada definido sobre quien lo sucederá en el cargo, ante la negativa de Vázquez y la anterior dimisión por el escándalo de los chats del secretario de estado de Puerto Rico, Luis Rivera.

Para quien ocupe el cargo no será fácil porque los ánimos están caldeados, es grande el descontento de los boricuas, que sufrieron el abandono de las autoridades locales y de Estados Unidos, tras el paso en septiembre de 2017 del huracán María.

El fenómeno meteorológico sacó a la luz el carácter colonial de las relaciones entre San Juan y Washington, que se empeña en vender la imagen de un Puerto Rico Estado Libre Asociado.

A una semana del devastador paso de María, aún los puertorriqueños esperaban la llegada de la ayuda, debido a la controvertida Ley Jones, vigente desde 1920 y que retrasó la tan necesaria llegada de recursos para los damnificados.

Y es que por tal legislación los barcos con donaciones no podían atracar directamente en la isla. La asistencia humanitaria debía llegar primero a territorio continental de Estados Unidos para, una vez allí, ser transportada en barcos con bandera estadounidense hasta territorio boricua.

Para colmo desde 2016 Puerto Rico está en las manos de una Junta de Control Fiscal, impuesta bajo la administración del entonces presidente Barack Obama para controlar las finanzas de la nación latinoamericana, que enfrenta una deuda de más de 70 MIL millones de dólares.

Los puertorriqueños rechazan el mecanismo injerencista y han manifestado que se mantendrán en las calles para exigir su eliminación, pues solo ha servido para intensificar las malas condiciones de vida, ante los recortes de los gastos sociales y el aumento del desempleo.

Incluso el senador independiente norteamericano y precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders afirmó en una declaración en los últimos días que “Es hora de disolver la desastrosa junta de control financiero que le ha quitado los derechos democráticos al pueblo de Puerto Rico y colocado un poder increíble en las manos de unos pocos burócratas no electos.

Lo cierto es que Puerto Rico vive una crisis política y es un polvorín, ante la indignación de la población por décadas de sufrimiento, abandono y la negación de su derecho a ser libre e independiente.