Por Maria Josefina Arce
Los uruguayos se preparan para manifestar su inconformidad con el proyecto de Ley de Urgente Consideración, presentado en medio de la COVID 19 por el gobierno del derechista Luis Lacalle Pou y que estiman es un retroceso en materia constitucional y de derechos humanos.
Diversos sectores afirman que no da respuesta a urgentes prioridades sociales, además de que su introducción en el Congreso cuando el país, junto al resto del mundo, vive una emergencia sanitaria no ha permitido un exhaustivo análisis.
Para el venidero jueves la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo, la capital, convocó a un paro de 24 horas contra la legislación, ya aprobada por el Senado y que ahora desde el pasado nueve de junio se discute en la Asamblea de Representantes, que tiene hasta 45 días para pronunciarse.
Señala la Asociación que la llamada Ley de Urgente Consideración supondrá un retroceso en la economía, las empresas públicas y la educación, al tiempo que regula a los sindicatos y el derecho a la huelga y otras manifestaciones pacíficas.
Múltiples críticas de personalidades, académicos, congresistas, fundamentalmente del izquierdista Frente Amplio, y representantes de la sociedad en general ha generado la ley, sobre la cual también han expresado su preocupación especialistas de la ONU.
Los expertos han señalado sus dudas sobre los acápites referidos al uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lo que podría llevar a ciertos excesos y violaciones de las prerrogativas ciudadanas, y aquellos que regulan el derecho de reunión y manifestación pacífica.
Los mismos no se ajustan a lo estipulado internacionalmente, apuntan en una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi. De ser aprobados son incompatibles con las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Uruguay ratificó en 1976, subrayan.
Gran parte de la sociedad uruguaya no está de acuerdo con todos los artículos de una legislación que entienden traerá retrocesos en lo alcanzado en materia de derechos humanos en los últimos años y que no responde a los intereses de la mayoría, sino que marcha en sentido contrario.
