Por: Guillermo Alvarado
Los propietarios de las principales cárceles privadas que funcionan en Estados Unidos están haciendo jugosos aportes a la campaña de Donald Trump, quien durante su gobierno incrementó, de manera drástica, el número de indocumentados ingresados en esas prisiones.
En realidad entregar al capital privado una buena parte de las penitenciarías es una práctica que comenzó hace unas cuatro décadas y tuvo su auge en la administración de Barack Obama.
De hecho, el actual candidato por el partido Demócrata, Joe Biden, fue un entusiasta impulsor de estos negocios durante su período como segundo al mando en la Casa Blanca.
Sin embargo, presionado por el denominado sector progresista de su formación política, encabezado por el senador Bernie Sanders, prometió que si gana la presidencia buscará la manera de poner fin a esa práctica.
Algo que es más fácil de decir que hacer, porque Trump se las ingenio para firmar contratos con las firmas CoreCivic y GEO Group para que presten esos servicios durante los próximos diez años y, como se sabe, en Estados Unidos los negocios son más sagrados que la biblia.
De acuerdo con informaciones de prensa, el director ejecutivo de CoreCivic, Damon Hininger donó personalmente más de 26 mil dólares a la campaña de los republicanos y logró que allegados suyos contribuyesen con otros 228 mil.
El fundador y director de GEO Group, George Zoley, dio más de medio millón de dólares a la campaña del partido Republicano y sólo diez mil a los demócratas y el Centro para Políticas Responsables asegura que empresas vinculadas a ese consorcio entregaron más de 1,7 millones.
Aunque ambas empresas niegan que haya un vínculo político en estas donaciones, está claro hacia dónde apuntan sus preferencias.
La causa está bien definida. Cuando Trump ganó la presidencia las acciones de ambas corporaciones subieron notablemente con la perspectiva de que se incrementarían las detenciones de migrantes, como realmente ocurrió.
Durante 2019 el Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, mantuvo en la cárcel hasta 50 mil personas, entre adultos y menores de edad, y el 80 por ciento de ellos quedaron en manos de particulares.
Aunque las empresas fueron acusadas de maltratar a los prisioneros, darles comida de mala calidad y pésima atención sanitaria, así como explotarlos haciéndolos trabajar por salarios ínfimos, o sin ninguna paga, el negocio se mantiene y apuestan por que ganen los republicanos para garantizar su prosperidad.
