Por: Guillermo Alvarado.

Ferro fue miembro de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas, uno de los brazos ejecutores del Plan Cóndor en Uruguay.

Luego de varios años en fuga, esta semana fue detenido en una pequeña localidad rural de Valencia, España, el represor uruguayo Eduardo Augusto Ferro, quien está acusado en su país de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar.

Este coronel retirado del ejército fue miembro de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas, uno de los brazos ejecutores del Plan Cóndor en Uruguay, un programa diseñado desde Estados Unidos para secuestrar, torturar y eliminar a presuntos miembros de organizaciones de izquierda.

Conocida también como la “transnacional del crimen” esta estructura integrada por miembros de la policía, el ejército y los organismos de inteligencia de varios países sudamericanos causó miles de muertos y desaparecidos entre los años 70 y 80 del siglo pasado.

Ferro está directamente señalado por el secuestro y el asesinato en 1977 del miembro del Partido Comunista uruguayo Oscar Tassino, pero también se le considera cómplice de otras tropelías, incluida la muerte de  María Claudia García de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman.  

La joven argentina estaba embarazada cuando fue secuestrada junto a su esposo en su país y posteriormente trasladada a Uruguay donde fue ejecutada.

Eduardo Augusto Ferro participó, asimismo, en el secuestro en Brasil de Universindo Rodríguez y la tortura y desaparición en Argentina de Andrés Bellizzi y Jorge Gonçalvez.

Comenzó a ser investigado y se intentó llevarlo a juicio por primera vez en 1985, pero a pesar de su oscuro expediente fue beneficiado por la Ley de Caducidad aprobada durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, aunque el caso se reabrió en 2011.

En 2017 se negó a presentarse ante los tribunales y a pesar de tener prohibido salir del país, logró darse a la fuga y encontró refugio en España, país al que se solicitó su extradición.

De manera inexplicable, cuando esperaba el dictamen para ser devuelto a Uruguay se le otorgó prisión domiciliaria y volvió a desaparecer, hasta su captura definitiva a mediados de semana.

Como ya está aprobada la extradición, sólo falta que las autoridades españolas la hagan efectiva para que, por fin, sea juzgado y castigado por los crímenes cometidos, que por su naturaleza execrable no pueden prescribir.

Será entonces un represor menos en la impunidad y una señal de optimismo y esperanza para cientos de miles en nuestra región que todavía esperan justicia, mientras conservan la memoria de sus familiares muertos o desaparecidos, una herencia maldita de esos años oscuros.