La lucha popular es el camino y las victorias del pueblo se forjan en las calles, plazas y carreteras.
Por: Roberto Morejón
Las grandes movilizaciones en Chile y Colombia en los dos últimos años tienen coincidencias, entre ellas la brutal respuesta de las fuerzas públicas, con particular ensañamiento, como ocurrió con las lesiones oculares.
El país austral vivió verdaderos estallidos sociales en protesta por la aguda desigualdad social inherente al gobierno neoliberal del presidente Sebastián Piñera.
El Jefe de Estado dio órdenes estrictas a los Carabineros de neutralizar a los reclamantes, aunque solo la pandemia por el nuevo coronavirus logró acallarlos, pero antes se acumularon los casos de víctimas de los apremios de los uniformados.
El recurso de los miembros de Carabineros de disparar perdigones y balas de goma y lanzar bombas de gas lacrimógeno durante las protestas ocasionó 460 lesiones oculares.
Algunos especialistas se refirieron a lo que evaluaron como récord en la historia de Chile e incluso más allá, al hacer comparación con el largo proceso de acoso de Israel contra los palestinos.
Tanto fue el escándalo de lo ocurrido en Chile que la ONU señaló al gobierno por sus violaciones graves a los principios internacionales.
Desafortunadamente, el escuadrón antimotines colombiano reedita las amargas experiencias de las fuerzas represivas chilena.
Así los denunciaron activistas participantes en un largo paro nacional y bloqueos de vías, acontecido desde el 28 de abril.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le pidió a la Fiscalía General de la nación la apertura de un caso sobre las lesiones oculares a los manifestantes, presuntamente causadas por el temido ESMAD durante las protestas.
Desde los incidentes de 2018 hasta la fecha Colombia registró 28 afectaciones oculares durante el choque de los uniformados contra las demostraciones en las calles.
Al parecer los gobiernos de Chile y Colombia tienen el objetivo de emplear a las fuerzas de seguridad para infundir el miedo en los manifestantes, en lo que jugaría un papel determinante ocasionarles la pérdida de visión.
Pero la ONU estableció límites al arsenal autorizado a usar a las fuerzas de seguridad de los países cuando deciden controlar manifestaciones.
La tenaz defensa de los gobiernos de Chile y Colombia a los desempeños públicos de sus cuerpos antimotines, no puede amparar por más tiempo la impunidad de quienes atentan contra uno de los más preciados sentidos: la visión.
