Por: Roberto Morejón

Si bien el gobierno colombiano puede contar aún con la tibieza de la administración estadounidense al reprobar la represión a las protestas en el país sudamericano, NO le ha ido muy bien con la CIDH , Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 Ese organismo dependiente de la tristemente célebre OEA, envió una representación a Colombia ante solicitudes de diversas instancias.

 Fue así ante la conmoción por la despiadada ejecutoria de los cuerpos antimotines al enfrentar el paro nacional.

 Pues el informe publicado por la CIDH formuló 40 recomendaciones al Estado colombiano ante lo que constató sobre el terreno.

 Los observadores verificaron que, de manera reiterada, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, incluyendo la de tipo letal.

 La comisión también dio certeza de la información recibida en Colombia acerca de la violencia de género y con base en la discriminación del grupo étnico racial ejercidas por los uniformados.

 Igualmente tomó nota de denuncias de desapariciones y recomendó la separación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, con el objetivo de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad.

 Estamos en presencia de una nueva visión que reafirma lo dicho por organizaciones de derechos humanos colombianas, en relación con los desafueros de los órganos al servicio del Estado.

 Más de 70 personas fueron ultimadas durante las manifestaciones iniciadas el 28 de abril, transformadas en una gigantesca plataforma anti-neoliberal.

 Pero el gobierno del ultraconservador Iván Duque y su mentor Álvaro Uribe prefirieron dar la espalda a las denuncias de abusos y concentrarse en lo que ellos llamaron actos de vandalismo.

 Hablamos de una maniobra para descalificar la magnitud de las protestas en su mayoría pacíficas y equipararlas retorcidamente con el terrorismo.

 El esfuerzo NO ha podido ser coronado con el éxito total a pesar del contubernio de la prensa corporativa.

 Lo cierto es que los colombianos han logrado documentar miles de agresiones de los cuerpos represivos.

 Con gran esfuerzo denuncian los casos, al punto de que la CIDH debió admitir lo que Duque afirma NO ver y en Washington consideran que carece de magnitud como para dejar de considerar al país sudamericano su principal aliado en la región.