Imagen / 24matins.es

Por Roberto  Morejón

Los nuevos pobres en Chile, donde el índice  correspondiente aumentó en días recientes, figuran entre los más esperanzados en el futuro del país, después de establecerse el órgano constituyente con vistas a redactar una novedosa Carta Magna.

Chile, América Latina y parte del mundo están pendientes de los pasos hacia la escritura de una Ley de Leyes, destinada a sustituir la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, con devastador impacto en el tejido económico-social.

Sin precedentes a nivel global, las mujeres y hombres están representados paritariamente en una Convención Constituyente de 155 miembros, con la nota inusual de que 17 escaños se reservaron a las naciones originarias.

Además de tales aciertos, la presidenta de la Constituyente electa fue una mujer e indígena mapuche, la muy preparada intelectualmente Elisa Loncón.

Está lejos de toda duda la responsabilidad recaída sobre los hombros de las personas encargadas de, en un año como máximo, disponer de un texto que refleje cambios en Chile.

Desde el estallido social de fines de 2019 a hoy, el país austral dio un giro hasta poner en aprietos al neoliberal presidente Sebastián Piñera, a la extrema derecha e incluso a los llamados centristas.

El pueblo exige un nuevo modelo, mucho más ahora con los recientes índices sobre el aumento de la pobreza.

De acuerdo con una encuesta, la pobreza subió hasta 10,8 por ciento en 2020.

Es decir, más de 2,1 millones de personas se encuentran en esa circunstancia, mientras que la pobreza extrema se incrementó a 4,3 por ciento, hasta abarcar a más de 800 mil individuos.

Si bien el gobierno trata de justificar el retroceso con la irrupción de la Covid-19 , para muchos sectores existen además otros factores.

En Chile, el problema más allá de la pobreza es la desigualdad.

Apenas uno por ciento de los hogares de mayores ingresos aglutina más de la cuarta parte de la riqueza del país, en tanto la mitad de las familias más pobres tiene solamente 2,1 por ciento.

Con una disminución considerable de los ingresos del trabajo en el seno familiar, muchos chilenos demandan políticas públicas ajustadas a la recuperación y fortalecimiento de los empleos.

Para ello es necesario contar con una Carta Magna que ampare leyes posteriores de beneficio a los sectores más afectados de la sociedad.

Al respecto, hay muchos oídos receptivos en la Convención Constituyente.