Un afiche relacionado con el referéndum, en Ciudad de México, el 31 de julio del 2021. (AP Foto/Christian Palma) CHRISTIAN PALMA AP

Por: Guillermo Alvarado

Como se había previsto, debido a la falta de compromiso de las autoridades electorales y las presiones del sector económico poderoso, el referendo celebrado el domingo reciente en México no alcanzó la asistencia necesaria para que sus resultados sean de cumplimiento obligatorio.

Se trató, como se sabe, de una consulta popular para decidir si un grupo de expresidentes de esa nación podían perder la inmunidad judicial y ser juzgados por corrupción y otros delitos cometidos durante su mandato.

Los potenciales encartados eran Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Se trata de los gobernantes que instauraron el régimen neoliberal en México, traducido en una gran concentración de riqueza en pocas manos, pobreza para la inmensa mayoría y un Estado indefenso para atender a sus habitantes.

Este sistema, como explica Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en su libro “2018, La Salida”, publicado antes de ser elegido presidente, se profundizó tras la llegada de Salinas de Gortari al poder.

Apenas en 13 meses se remataron 18 bancos públicos, como promedio uno cada 20 días hábiles. En cinco años, de diciembre del 88 a diciembre del 93, se privatizaron 251 empresas estatales, entre ellas algunas de las más grandes.

A precios irrisorios y por métodos oscuros pasaron a manos de supuestos empresarios gigantes como Teléfonos de México, Televisión Azteca, Mexicana de Aviación, así como aseguradoras, ingenios azucareros, minas de cobre y oro, ensambladoras de vehículos y fábricas de cemento.

Esta liquidación se mantuvo hasta el gobierno de Peña Nieto y en ese derrame de riquezas se bañaron gobernantes, funcionarios y magnates, al grado de que un país que figura entre los grandes exportadores de petróleo, terminó comprando gasolina en Estados Unidos para funcionar.

Bajo este sombrío panorama se convocó al referendo del domingo que desde sus inicios contó con la ojeriza del Instituto Nacional Electoral, cuyas máximas autoridades, elegidas por mandatarios anteriores, se negaron a apoyarlo, no instalaron suficientes mesas ni se permitió una amplia publicidad.

Grandes empresarios, que resultarían envueltos en una investigación profunda sobre la corrupción, también obstaculizaron el evento, al que asistió entre el 6 y el 7 por ciento de electores, lejos del 40 requerido para hacerlo vinculante.

De acuerdo con datos preliminares, más de 90 de cada 100 asistentes votó “si” porque se investigue a los expresidentes sospechosos de corrupción, una proporción aplastante que muestra el apoyo a AMLO para limpiar a ese hermano país castigado por la codicia de políticos venales y codiciosos. 

Fue sin dudas un tropezón, pero no el fracaso de esta lucha que continúa.