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Por María Josefina Arce

Venezuela ha dado muestras de ser una nación de paz y promover el diálogo para hallar soluciones a los problemas de la sociedad. Sin embargo, es objeto de acciones terroristas y desestabilizadoras de la derecha, alentadas desde Estados Unidos que además, mantiene sanciones económicas con el fin de derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.

El sistema energético ha sido en los últimos tiempos uno de los blancos preferidos de estás agresiones. De hecho este fin de semana se volvió a reportar un nuevo ataque terrorista que cortó el suministro de energía en Caracas, la capital, y otros estados.

Estás agresiones, ha denunciado Venezuela, forman parte de un plan de sabotaje permanente en busca de crear descontento entre la población. De acuerdo con un reciente informe del Comité de Afectados por los Apagones, se han registrado 96 291 fallos eléctricos en el país y casi 38 MIL artefactos han quedado dañados

Constantes son las acciones de este tipo perpetradas contra la nación suramericana. En mayo del pasado año se registró un atentado, horas después de un fallido intento de desembarco mercenario por las costas de La Guaira. 

La llamada Operación Gedeón, que buscaba asesinar a importantes funcionarios y secuestrar al presidente Maduro para su posterior ejecución, fue coordinada por la extrema derecha, con el beneplácito de Estados Unidos y la implicación de Colombia.

Los venezolanos recuerdan los dos apagones de marzo de 2019 que durante once días mantuvieron sin fluido eléctrico a todo el país, con las consabidas afectaciones a los servicios de transporte, agua potable y las comunicaciones.

Fueron agresiones vía cibernética y electromagnética, ejecutadas bajo la administración del hoy ex presidente Donald Trump, como denunciaron las autoridades venezolanas.

Pero el estado suramericano es también objeto de sanciones económicas de Washington que afectan la vida diaria de la sociedad y ahora el enfrentamiento a la COVID 19,  lo que ha sido reconocido, incluso, en el último informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Las sanciones económicas son una muestra de la política hostil de Estados Unidos desde que triunfó la Revolución Bolivariana en 1999, un proceso reivindicador que devolvió la identidad al país.

Las medidas coercitivas han afectado a 192 personas, 150 empresas estatales y privadas, 30 buques petroleros, al tiempo que se han emitido siete órdenes ejecutivas contra la empresa del hidrocarburo.

Venezuela también ha sufrido del robo de activos en el exterior por el opositor Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos como " presidente encargado", y sus más cercanos colaboradores, lo que los ha llevado a amasar grandes riquezas personales.

Venezuela es asediada, aún en medio de una emergencia sanitaria mundial por la COVID 19, pero el gobierno sigue trabajando en favor de la población y continúa incentivando el diálogo para entre todos los venezolanos avanzar hacía una sociedad mejor.