Foto tomada de RPP

Por Guillermo Alvarado (RHC)

El Congreso de la República de Perú decidirá mañana martes, si somete al presidente Pedro Castillo a un proceso por supuesta “incapacidad moral permanente” para gobernar, lo que podría desembocar en su destitución a cuatro meses de haber iniciado su trabajo.

Se trata de un golpe legislativo organizado por la derecha política de la nación andina, bajo la dirección de un sector del empresariado más conservador radicado en Lima, la capital, y con un fuerte dispositivo propagandístico que pusieron en marcha los principales medios de comunicación.

Son, en suma, los mismos que en las últimas elecciones apoyaron sin reservas a la candidata Keiko Fujimori, incluso sin ser simpatizantes de la hija del ex dictador Alberto Fujimori, y que luego hicieron todo lo posible para evitar que el profesor rural fuese declarado presidente electo.

En esta maniobra, anunciada desde el primer día de trabajo de Castillo, participan tres partidos políticos, incluido el de Keiko, que suman en total 43 diputados, de los 52 que se necesitan para aprobar el proceso.

Analistas consideran que hay posibilidades de que consigan convencer a otros legisladores de derecha para seguir adelante con sus planes e iniciar el juicio parlamentario, que debe durar unas dos semanas.

Durante ese tiempo, los acusadores y el acusado presentarán sus argumentos, antes de la votación final que debe alcanzar el sufragio favorable de 87 de los 130 diputados que forman el congreso para declarar la vacancia, es decir la destitución del jefe de Estado, y nombrar un sustituto.

Es una especie de ejecución sumaria, absurda y contradictoria, basada en el difuso concepto de “incapacidad moral permanente”, que no tiene una descripción exacta y quiere decir cualquier cosa que a los legisladores de la oposición se les ocurra.

De acuerdo con el especialista Aníbal Quiroga, se trata de un proceso jurídico constitucionalmente indeterminado, absolutamente subjetivo, y que depende por completo de la opinión del Congreso, que no necesita ningún elemento probatorio para decidir la destitución del gobernante.

La única manera de impedirlo es si el ejecutivo tiene una bancada muy fuerte en el Organismo Legislativo, algo que no ocurre en los últimos tiempos y dio al traste con los gobiernos de Pedro Pablo Kuczinsky y Martín Vizcarra, así como el sucesor de éste, Manuel Merino, que sólo duró 5 días en el cargo.

A la larga, entonces, en ese sistema enrevesado, pero supuestamente “democrático”, lo que menos importa es la voluntad del pueblo expresada en su voto, sino los intereses de los privilegiados de siempre, reacios a abandonar el poder del que nutren sus fortunas.