La mayoría de los uruguayos no quieren el retorno a un pasado oscuro y triste de la historia del país. Foto: www.aa.com.tr

Por María Josefina Arce (RHC)

Desde hace semanas la sociedad uruguaya se encuentra inmersa en un intenso debate. Las alarmas se han encendido por la trampa que esconde una polémica iniciativa para beneficiar con prisión domiciliaria a los reclusos mayores de 65 años.

 Presentada por el derechista Cabildo Abierto, la propuesta de ley busca, en opinión de muchos, favorecer a quienes cumplen condenas por delitos cometidos durante la  dictadura cívico-militar que imperó en Uruguay de 1973 a 1985.

 El controvertido proyecto fue dado a conocer durante la pandemia, con el pretexto de dar un trato diferenciado a los adultos mayores recluidos, que,  de acuerdo con las estadísticas, sólo representan uno  por ciento de la población penal, de unas 14 mil 10 personas.

Se han vuelto a abrir las heridas de un país que vivió durante más de una década  bajo el terror, la muerte, torturas y violaciones de los derechos humanos, y cuyas víctimas de esa etapa se contabilizan en más de 31 mil.

Está vivo, además, el recuerdo de la participación de Uruguay en el tristemente conocido Plan Cóndor, colaboración entre  las dictaduras de América Latina, de conjunto con Estados Unidos, en las décadas del 70 y el 80 del siglo pasado para detener y ejecutar a militantes de izquierda.

De acuerdo con los llamados Archivos del Terror, hallados en 1992 en Paraguay, fueron asesinadas 50 mil personas, 30 mil desaparecieron y 400 mil fueron encarceladas. Entre las víctimas se cuentan tres mil niños.

Ante las maniobras de la derecha  Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos y la Asociación de Ex presos políticos del Uruguay, entre otras organizaciones, llamaron a una movilización para el venidero jueves en rechazo a la liberación de represores.

El izquierdista Frente Amplio instó a sumarse a la manifestación y evitar que en la nación vuelvan a cometerse las atrocidades ocurridas durante la dictadura, a causa del pacto de violencia de militares retirados y activos.

El proyecto también ha sido cuestionado por Relatores de la ONU, quienes afirmaron que permitiría otorgar de manera automática el beneficio de la prisión domiciliaria a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura.

En carta al canciller Francisco Bustillo, señalaron que no existen razones de salud pública que justifiquen esa medida, además de que no establece que ese beneficio quedé sin efecto una vez finalizada la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Las maniobras de la derecha han hecho aflorar con fuerza una posibilidad que siempre han buscado los nostálgicos de la dictadura, pero que la mayoría de los uruguayos rechazan, pues no quieren el retorno a un pasado oscuro y triste de la historia del país.