La minería ilegal ha crecido a un ritmo vertiginoso bajo el mandato de Bolsonaro.
Foto: Reuters

Por María Josefina Arce (RHC)

En 2021  el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro ha aprobado al menos siete proyectos de minería en algunas de las zonas más protegidas de la Amazonía, que estiman organizaciones ambientales sufre una destrucción irreversible por la creciente deforestación, provocada por diversas actividades como la extracción de minerales, fundamentalmente oro.

Pero el mandatario de Brasil ha minimizado y calificado de bobería la alarmante realidad, y alentado en todo momento la minería  que daña el entorno de esas áreas, a pesar de que está prohibida por la ley.

El artículo 176 de la Constitución de ese país prohíbe toda actividad extractiva en tierras indígenas. Sin embargo, la postura gubernamental ha llevado a que se hayan presentado cientos de solicitudes para la explotación de minerales en esas zonas.

Y lo cierto es que esta actividad siempre provoca cambios en los lugares que se desarrolla. Los expertos señalan que va aparejada de daños, ya sea al suelo, los recursos hídricos, la vegetación o a la población circundante.

Por demás, encuestas de opinión revelan que la mayoría de los brasileños rechaza la política de Bolsonaro sobre la explotación de tierras indígenas. Ochenta y seis por ciento  no está de acuerdo con la apertura de estas zonas a la minería.

Ya la minería ilegal, que bajo el mandato de Bolsonaro ha crecido a un ritmo vertiginoso, ha causado una deforestación catastrófica, además de contaminación y el asesinato de indígenas que defienden sus territorios.

Los datos no mienten. Entre agosto de 2020 y julio del presente año la mayor selva tropical del planeta perdió 13 MIL 235 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal. Es esa la mayor área degradada para un periodo de 12 meses en los últimos 15 años.

Ahora estos proyectos se llevarán a cabo  dentro de las áreas protegidas, en tierras indígenas y de conservación, donde se localiza la mayor densidad indígena. Setenta y seis por ciento de su población está compuesta por pueblos originarios.    

Durante su campaña electoral y tras asumir  en enero de 2019 la presidencia, Bolsonaro dejó claro su interés de favorecer la minería. Su gobierno, en conjunto con la bancada rural en el Congreso y las empresas mineras busca acelerar varios proyectos de ley para cambiar las normas de protección ambiental.

En la última Conferencia de la ONU sobre el cambio climático, efectuada en noviembre pasado en la ciudad escocesa de Glasgow,  la representación del gobierno de Bolsonaro prometió eliminar para 2028 la deforestación ilegal de la Amazonía.

El accionar del presidente sin embargo,  pone en entredicho ese compromiso. Lo cierto es que hasta el momento solo ha evidenciado que ha descuidado su responsabilidad de proteger la Amazonía, pues han podido más los intereses económicos que preservar la vida.