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Por Guillermo Alvarado
La víspera se cumplieron 20 años del arribo de las primeras víctimas a la prisión construida por Estados Unidos en la ilegal base de Guantánamo, sitio que en dos décadas devino centro de todas las infamias legales y humanas imaginables.
El centro se edificó en apenas 96 horas para recluir allí a supuestos prisioneros capturados durante la guerra contra Afganistán, que fuesen sospechosos de participar en actos terroristas, incluidos los atentados contra el Centro Mundial del Comercio y otros objetivos en septiembre de 2001.
Desde el punto de vista jurídico esa cárcel fue concebida como un agujero negro legal, donde no funcionarían ni las leyes de Estados Unidos, ni las convenciones internacionales sobre trato a detenidos o prisioneros de guerra.
En total pasaron por allí 780 ciudadanos de varios países, incluidos menores de edad, muchos de ellos secuestrados en su propia nación y trasladados en vuelos ilegales con la complicidad de numerosos aliados de Washington.
Solo se lograron presentar cargos contra una docena de prisioneros y apenas dos fueron condenados por tribunales militares; nueve murieron en estos años, siete por aparente suicidio y dos por enfermedades comunes y todavía permanecen allí 39 personas atrapadas en un limbo jurídico.
No son prisioneros de guerra, o “combatientes enemigos”, un término inventado por la administración de George W. Bush para justificar la no aplicación de la Convención de Ginebra.
Como reconocieron oficiales del ejército estadounidense, la aplicación de torturas forma parte de la rutina de interrogatorios en la infame instalación.
Una idea de cómo es la vida allí la ofrece la película El Mauritano, basada en las memorias de Mohamedou Ould Slahi, quien pasó largos años en la cárcel de Guantánamo, incluidos nueve después de ser declarado inocente.
La Casa Blanca ha intentado maquillar esta violación a los derechos humanos, esos que dice defender en otros lugares, y el mismo Bush tuvo que reconocer la jurisdicción de la Convención de Ginebra, aunque de hecho no se aplica.
Los prisioneros, por ejemplo, pueden permanecer toda la vida en ese lugar sin que se les acuse de ningún delito o se les notifique ningún derecho.
El martes reciente un grupo de expertos de la ONU exigió a Estados Unidos cerrar definitivamente esa prisión donde, dijeron, “se han violado de manera implacable los derechos humanos”.
Washington debería hacer mucho más que eso y empezar por devolver a Cuba el territorio de la base naval de Guantánamo, ocupado por la fuerza y en contra de la ley y la voluntad de un pueblo que es soberano desde el 1 de enero de 1959.
