Por: María Josefina Arce

El 2021 concluyó con nuevos ataques y amenazas contra los pueblos indígenas en Paraguay. Despojados de sus tierras, sus medios de vida y lugares sagrados han sido víctimas durante años de la violencia de terratenientes y multinacionales, amparados por el estado.

Una práctica criminal que viola la Constitución paraguaya, la cual reconoce las prerrogativas de las comunidades Indígenas a tierras comunitarias, con extensión suficiente para que puedan vivir según sus tradiciones, además de prohibir la expulsión de las distintas etnias.

Sin embargo, bajo el mandato del presidente Mario Abdo Benítez se han incrementado las presiones y agresiones contra esos pueblos. El desalojo violento ha caracterizado su gobierno desde que llegó al poder en agosto de 2018.

De hecho unas dos mil 500 personas fueron expulsadas de sus hogares el pasado año. Durante los operativos se registró la destrucción y quema de casas, templos sagrados y escuelas, así como el robo de pertenencias, alimentos y animales.

Para complicar la situación, en septiembre pasado Abdo Benítez promulgó una ley aprobada en tiempo récord por ambas cámaras del Congreso. La legislación modificó el artículo 142 del Código Penal, con el objetivo de elevar hasta 10 años de cárcel la pena  para quienes quieren recuperar sus territorios o proteger los lugares donde viven. Una nueva maniobra para ampliar la criminalización de la lucha por la tierra.

La legislación fue promovida por los mayores poseedores de tierras de la nación suramericana, donde casi 90% de ellas están en manos de un 5% de los ciudadanos.

Muchos empresarios del agronegocio, ganaderos y terratenientes que consiguieron tierras de manera ilegal se amparan en esa norma, pues pueden solicitar el desalojo ante la fiscalía, sin necesidad de que se investigue la situación de la propiedad.

El opositor Frente Guazú ha denunciado que en este tema hay una mafia que opera desde el estado, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra y el poder judicial.

El hecho es que muchos de estos territorios que estaban destinados a una Reforma Agraria terminaron en poder de políticos, empresas, jueces y otras personas afines a las autoridades.

El gobierno paraguayo privilegia a los intereses privados, dejando de lado el derecho a la tierra, vivienda y alimentación de las comunidades Indígenas y la protección de los niños, los más afectados por esta injusta y criminal politica.

Hoy la población indígena de Paraguay asciende a 120 mil personas, 76% de las cuales vive en situación de pobreza extrema y de marginación.

Paraguay no es un país seguro para los pueblos originarios, que día a día se ven obligados a defender su cultura y las tierras que por derecho les pertenecen y les son robadas, bajo el amparo del gobierno.