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Por María Josefina Arce.

En los últimos meses Ecuador ha vivido inmerso en una ola de violencia. Masacres carcelarias, con un saldo de más de 300 muertos, y un incremento de los robos y homicidios ha caracterizado el panorama de la nación sudamericana.

De acuerdo con las estadísticas, en 2021 se registró una tasa de 13,13 homicidios por cada cienmil habitantes, índice que expertos valoran como el peor de la última década.

El presente año no marcha por mejor camino. Tres semanas después de iniciado, el país ya contabiliza cerca de 200 crímenes violentos. 

La respuesta del gobierno del presidente Guillermo Lasso ha sido decretar estados de excepción, reforzar controles policiales y pedir apoyo  a las Fuerzas Armadas para velar por la seguridad en las calles. En los últimos días además, removió a la Comandante general de la Policía Nacional y anunció la designación de recursos para el equipamiento de ese cuerpo.

El mandatario culpa al narcotráfico de la actual situación. Si bien este negocio ilegal se ha incrementado, pues Ecuador pasó de ser un país de tránsito de las drogas a ser uno en el que se almacena, procesa y distribuye, Lasso intenta dejar de lado  factores económicos y sociales, que para los expertos han sido esenciales.

La llegada de la COVID 19 vino a agudizar la grave crisis económica por la que atraviesa la nación, que viene desde la anterior administración del entonces presidente Lenín Moreno. En 2020 el Producto Interno Bruto se contrajo 7,7%, lo que se tradujo en el  quiebre de empresas, más despidos y un aumento del número de pobres.

En los últimos dos años la pobreza se elevó a 32,2%, mientras que el índice de la pobreza extrema aumentó a 14,7%, de acuerdo con las estadísticas.

El desempleo también ha golpeado al territorio ecuatoriano. Cincuenta y un porciento de los ciudadanos trabaja en la informalidad, que no garantiza sus derechos, ni estabilidad y que se vio seriamente afectado por la pandemia.

A todo esto se une el Plan de Austeridad exigido por organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional, para hacer frente a su deuda y a los compromisos contraídos por el préstamo del FMI hecho bajo el mandato de Moreno y que ha venido a deteriorar las condiciones de vida de la población, ante los recortes en diversos servicios esenciales.

La violencia que sacude a Ecuador es resultado de la suma de varios factores, entre los que prevalecen el deterioro de la economía y de las condiciones de vida de la población.

 Los cuatro años de mandato de Moreno barrieron de un golpe los avances registrados durante los diez años de gobierno de Rafael Correa, que de 2007 a 2017 desarrolló y modernizó la economía y trabajó a favor de la salud, educación, seguridad social y una mayor equidad.