Por: María Josefina Arce

En diciembre de 2017, bajo el mandato del izquierdista Frente Amplio, se aprobó en Uruguay la Ley 19.580, para garantizar el derecho de las mujeres, sin distinción de edad, raza, condición socioeconómica, creencia u orientación sexual,  a una vida libre de violencia.

La herramienta legal con carácter integral, calificada de un gran paso de avance, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, sanción y reparación.

Sin embargo, no se ha  logrado su total implementación, persisten estereotipos y otras trabas. La realidad es que en la nación sudamericana, de acuerdo con los expertos, se evidencia lamentablemente un retroceso en varios aspectos.

De hecho continúan sucediéndose los actos violentos contra las féminas, que afirman se encuentran en una emergencia nacional y en riesgo inminente.

El suceso más reciente conmocionó a la sociedad y lanzó la última semana a las calles de Montevideo, la capital, y del resto del país a miles de mujeres en defensa de sus derechos y contra la violencia de género.

La violación grupal de una joven de 30 años no es un hecho aislado, afirmaron las manifestantes, quienes denunciaron los estereotipos machistas y la cultura patriarcal imperante en el país.

La Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual, que agrupa a diversas organizaciones de la sociedad civil, reclamó un "cambio cultural" para evitar hechos como el acaecido en los últimos días, que en muchos casos no se visibilizan.

La llegada de la Covid-19 y el necesario confinamiento vino a agudizar la problemática. De acuerdo con datos oficiales, más de 8 de cada 10 féminas del Área Metropolitana reportaron ser víctimas de violencia de género en algún ámbito. En las localidades de menos de cinco mil habitantes la proporción es de seis cada diez, precisan fuentes oficiales.

La Agencia pública INMUJERES, señaló que en el contexto de la emergencia sanitaria por la Covid-19 cada 13 minutos se produjo una denuncia por violencia doméstica y dos de cada diez tenían miedo de salir a la calle.

Las ciudadanas uruguayas denuncian que esa situación evidencia que el estado no ha sabido dar una respuesta oportuna, apropiada y efectiva a esta problemática, por lo que, señalan, es un imperativo legal, ético y político la total implementación de la ley 19.580.

Y para ello se requiere una adecuada capacitación del sistema judicial y un mayor conocimiento de la norma por las instituciones públicas, pues no se cumple con las obligaciones que la legislación pone a su cargo.

Pero además, el sistema educativo, en todos sus niveles, debe ser capaz de inculcar valores y una nueva mentalidad para lograr una vida libre de violencia de género.

Las mujeres uruguayas están cansadas de que, a pesar de la existencia de leyes, se les desconozca y piden una adecuada respuesta del gobierno a la violencia de género imperante, que pone en entredicho la forma de actuar del país en pleno siglo XXI ante delitos de esa índole.