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Por: Guillermo Alvarado

Esta semana concluyó definitivamente en Roma el Proceso Cóndor, por medio del cual se juzgó y condenó a militares y funcionarios de países de América Latina, implicados en el secuestro y asesinato de ciudadanos de origen italiano durante las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX.

Los jueces ratificaron el castigo de cadena perpetua al expresidente peruano Francisco Morales Bermúdez y al coronel de la misma nacionalidad, Martín Felipe Martínez, los únicos dos acusados que habían apelado la sentencia emitida en julio del año pasado.

De esta manera termina un proceso calificado de ejemplar que llevó al banquillo a 24 miembros del siniestro Plan Cóndor, una transnacional del crimen creada con asesoría de Estados Unidos para perseguir y eliminar a militantes de izquierda en Sudamérica.

Fueron necesarias más de dos décadas de investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte de 43 personas descendientes de italianos que fueron víctimas de la represión en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Bolivia y Perú.

Muchos de ellos desaparecieron en un país y fueron trasladados clandestinamente a otro, donde se les torturó y ejecutó.

Para realizar estos crímenes fue necesaria la colaboración de los servicios de inteligencia, además de la complicidad de los gobiernos concernidos, incluso hasta las más altas autoridades, como es el caso del peruano Morales Bermúdez, el único presidente aún vivo de esos tenebrosos años.

La mayor parte de los encartados estuvieron ausentes durante el juicio, cosa que permiten las leyes italianas, pero una vez dictada la condena en firme se realizarán los trámites de extradición.

Una excepción fue la del ítalo uruguayo Jorge Néstor Tróccoli, quien escapó antes de ser detenido en su país aprovechando su doble nacionalidad, pero fue capturado en la nación europea donde debe cumplir su condena.

Fue en 1998 cuando el fiscal de Roma, Giancarlo Capaldo, decidió abrir una investigación sobre posibles víctimas de origen italiano durante la represión en América Latina.

Un año más tarde las madres y esposas de varios desaparecidos presentaron las primeras denuncias ante el consulado italiano en Buenos Aires y en 2006, precisamente el año en que murió el dictador Augusto Pinochet en Chile, Capaldo dictó las primeras órdenes de captura.

Fue sin duda alguna un proceso complejo, que hizo cumplir el principio de la justicia universal contra culpables de crímenes de lesa humanidad y da esperanzas a otros pueblos donde la impunidad aún se mantiene.