Por: Roberto Morejón

Las redes sociales asombran por su eficacia, utilidad y poder, al tiempo que también sobrecogen cuando anidan el odio, la intriga, el intento de subvertir el orden o son monopolizadas para denigrar personas, instituciones y países.

La coalición MORENA denunció la puesta en marcha de lo que calificó de “guerra mercenaria digital” contra el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y la jefa de gobierno en la capital, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con investigaciones, los ataques tienen como soporte cuentas en la red social Twitter respaldadas por una inversión cercana a los siete millones de pesos mexicanos.

Cuarenta y nueve por ciento de los mensajes escrutados son promovidos por cuentas relacionadas con personajes vinculados con la derecha.

No se trata de un hecho exclusivo de México porque con ese tipo de campañas principalmente en redes, la derecha internacional agrede políticamente a líderes progresistas o catapulta a cabecillas extremistas, como ocurrió en Brasil con Jair Bolsonaro.

El objetivo no es otro que desacreditar, o como se dice hoy, linchar digitalmente el perfil público y físico de personas, instituciones y colectividades, como si se extrapolara la lapidación tradicional.

Tales procedimientos recurren a escarmientos, falsedades, burlas, ironías, humillaciones, sin que la respuesta de las sociedades o de los agredidos llegue con la suficiente rapidez y empuje.

Por supuesto, el propósito de liquidación digital tiene un aliado recurrente, la información falsa o fake news, un recurso destinado a presentar como cierta una mentira o una verdad tergiversada.

Lo que algunos denominan como industria de la desinformación tiene soportes en poderosas empresas corporativas, entrenadas en la manipulación de la opinión pública.

Nadie niega las ventajas de Internet y de contar con las redes para el aprendizaje, esparcimiento, cultura, los contactos, intercambios de ideas, conocer nuevos  amigos o los encuentros rápidos y directos con allegados.

Pero la utilización de plataformas para el aniquilamiento ajeno partiendo del anonimato y de cuentas falsas, pone en entredicho la finalidad original de esos canales y obliga a la autorregulación de las sociedades, además de a una respuesta que puede ser hasta legal de las víctimas.