Twitter / @PresidenciaCuba

Por: Roberto Morejón

Cuba afianzó el principio de legalidad inherente al Estado socialista cuando la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó recientemente un grupo de nuevas leyes, las cuales amparan a la ciudadanía y amplían los resortes internos para enfrentar transgresiones.

En sesión extraordinaria, el Parlamento aprobó, entre otros cuerpos jurídicos, la Ley de Datos personales y la nueva Ley del Código Penal, todo ello importante para reafirmar la seguridad reglamentaria de una sociedad como la cubana, regida por el Derecho.

La nación caribeña amplía los mecanismos inseparables del imperio absoluto de la ley, como se ha demostrado desde el año pasado.

 En efecto, aun en medio de la Covid-19, el Consejo de Estado y el parlamento implementaron un profuso cronograma legislativo con vistas a complementar y llevar a vías de hecho los preceptos de la nueva Constitución, aprobada mediante referendo en 2019.    

El nuevo Código Penal, por ejemplo, exhibe de acuerdo con los entendidos un acentuado perfil educativo y de prevención, como preconiza la Carta Magna.

Incluso no pasa por alto las vías propicias para insertar socialmente a los sancionados en profesiones y oficios, mediante el adiestramiento correspondiente.

De esa forma se preparan para la vida en un futuro, al extinguir la sentencia, y les inculcan el respeto a la legalidad. 

Cuando el nuevo Código Penal entre en vigor quedará atrás la norma vigente desde 1987, enmendada varias veces, pero requerida de adecuarse a los nuevos tiempos, cuando la mayor de las Antillas sufre transformaciones económicas y sociales y delitos de diversas peculiaridades se cometen globalmente.

El Código Penal incorpora además herramientas para atender transgresiones relacionadas con el medio ambiente, la corrupción y la ciberseguridad y las relativas a la discriminación y violencia de género.

Tanto el Código Penal como las restantes leyes que recibieron el visto bueno del legislativo estuvieron calzadas por un amplio proceso de consultas con expertos y otros entendidos, y en algunos casos con la población.

No obstante, como señala el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, los cubanos deben aumentar su educación cívica y cultura jurídica.

La exhortación es oportuna porque un conocimiento mayor de la legalidad ayuda a las personas a entender y reclamar sus derechos y les permite acatar las normativas indispensables en toda sociedad, no por apremio sino por intuición.