DW
Por: Guillermo Alvarado
Las principales organizaciones indígenas y campesinas de Ecuador mantienen por segunda semana el paro nacional, decretado para exigir al gobierno del presidente Guillermo Lasso medidas destinadas a enfrentar la crítica situación económica que vive la población por el incremento desmedido de los precios.
En un principio las protestas se realizaron en la región de Pichincha, donde está la ciudad de Quito, la capital del país, así como en las vecinas Cotopaxi e Imbabura, sin embargo en la medida en que las autoridades han agudizado la represión, las manifestaciones se extienden a otras zonas.
La principal forma de descontento es el corte de carreteras como una manera de presionar a los sectores económicamente poderosos, pero también se realizan marchas y en los últimos días varios grupos ingresaron a la capital con el objetivo de concentrarse en las afueras de la sede del ejecutivo.
En respuesta el gobierno de Lasso decretó un estado de excepción en las tres regiones concernidas, que fue extendido más tarde a Chimborazo, Tungurahua y Pastaza. Además se autorizó a la policía a utilizar gas lacrimógeno y bombas aturdidoras para despejar las vías o disolver las marchas.
Hay toque de queda y está restringido el derecho a la libre movilización, lo que no ha impedido el avance hacia Quito.
En un reciente mensaje divulgado por las redes sociales el jefe del Ejecutivo intentó evadir su responsabilidad con el argumento de que hizo llamados al diálogo, pero los manifestantes, dijo, buscan el caos. “Quieren botar al presidente, yo estoy aquí, yo no voy a escapar”, agregó.
La situación es muy grave para la mayoría de los ecuatorianos, que sufren un alza desmedida de precios sobre todo en los combustibles y alimentos y se quejan de que el gobierno no hace lo suficiente para atender sus llamados.
Sus reclamos se resumen en unos diez puntos, entre los que figuran otorgar subsidios para enfrentar la inflación, poner fin a la escasez de fertilizantes, frenar el aumento de los precios de materias primas agrícolas, así como al costo del transporte que afecta a las familias menos favorecidas.
Cuestionan, además, que en un año de gestión Lasso no ha puesto coto a la corrupción, se mantiene el desabastecimiento de medicinas en el sistema de salud pública, al mismo tiempo que crece el desempleo.
El descontento se incrementó tras la ocupación por la policía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un sitio emblemático que da acogida en la capital a grupos indígenas que van hasta allí a reclamar sus derechos.
La situación puede agravarse en las próximas horas, a menos que el gobierno se siente a dialogar de manera honesta con los líderes indígenas y asuma compromisos serios, acordes con la gravedad que vive ese pueblo.
