Por María Josefina Arce.

Colombia ha dado un nuevo paso hacia la tan necesaria y anhelada paz. El gobierno del presidente Gustavo Petro y el guerrillero Ejército de Liberación Nacional acordaron en Caracas, la capital de Venezuela, reactivar las conversaciones.

En noviembre venidero, en sedes rotativas  y con Venezuela, Cuba y Noruega como garantes, se reiniciará el diálogo, en el cual ambas partes coincidieron es esencial la participación de la sociedad, por lo que se comprometieron a buscar los mecanismos necesarios para hacer efectiva su presencia.

Existe voluntad por llevar a buen término el proceso para hacer posible la estabilidad en todo el país, sanar heridas y avanzar en el progreso de cada colombiano.

Desde que llegó a la presidencia en agosto pasado, Petro había insistido en hacer realidad este acercamiento con el Ejército de Liberación Nacional. Durante su campaña electoral había dejado claro que la consecución de la paz total sería una prioridad de su gobierno.

Y en ese camino se ha trabajado para fomentar la confianza mutua. Petro suspendió las órdenes de captura y extradición contra los negociadores del ELN, mientras que el grupo insurgente liberó a varios detenidos.

Recordemos que el diálogo con el ELN, promovido por el hoy expresidente Juan Manuel Santos fue roto por Iván Duque, su sucesor en  la Casa de  Nariño. Incluso Duque nunca durante su mandato mostró el menor interés por implementar el acuerdo de paz que se había logrado en La Habana en 2016 entre el gobierno de Santos y la otrora guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.

Los cuatro años de gestión de Duque estuvieron marcados por una espiral de violencia. Las masacres y asesinatos de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y ex combatientes se convirtieron en una cotidianidad en Colombia, a pesar de que lo pactado en la capital cubana contenía los mecanismos necesarios para evitar esas acciones criminales.

El gobierno de Duque nunca garantizó la seguridad de quienes hicieron dejación de las armas, en cumplimiento del acuerdo de paz. Más de 300 ex guerrilleros fueron asesinados en los últimos cuatro años.

Se dejaron de implementar otros puntos del acuerdo como la Reforma Rural Integral, de suma importancia si tenemos en cuenta que Colombia es el país más desigual de América Latina en cuanto al acceso a la tierra, y fue este uno de los detonadores del conflicto armado, junto a otras inequidades.

Con la llegada de Petro a la presidencia se ha abierto un nuevo camino hacia la materialización de una real y completa paz, obstaculizada por el anterior gobierno. Ahora se abre una esperanza para Colombia, que anhela una paz con justicia social.