Imagen / El País
Por: Roberto Morejón
La crisis en Perú, manejada con tintes represivos por el ejército y la policía, adquirió nuevos ribetes por los pronunciamientos del nuevo gobierno, encabezado por la presidenta Dina Boluarte, en relación con México y Colombia.
En medio de una aguda respuesta contra manifestantes que reclaman el adelanto de elecciones y protestan por el derrocamiento del expresidente Pedro Castillo, las nuevas autoridades consideran la preocupación regional sobre lo ocurrido en Perú como una intromisión en sus asuntos.
Si bien Boluarte autorizó el salvoconducto a la familia del depuesto Jefe de Estado para viajar a México en condición de asilados, después declaró persona no grata al embajador, hecho extremo poco usual.
El gobierno mexicano apoyó al exlíder peruano como dignatario electo a quien le ofreció asilo, luego de ser abruptamente destituido por lo que el Congreso dominado por la derecha y acusado de corrupto calificó de autogolpe.
Llamó la atención que además de emprenderla contra México, la cancillería en Lima entregara una nota a la embajada de Colombia, en la cual expresó malestar por declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien se manifestó partidario de posibilitar un diálogo social y político en Perú.
Contrastó la ácida respuesta de los nuevos gobernantes en Perú con respecto a México y Colombia con su complacencia con el papel de Estados Unidos.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló que Estados Unidos aparece “muy destacado” en los acontecimientos en Perú.
La embajadora de esa nacionalidad se apresuró a reconocer la decisión del Congreso derechista de deponer a Castillo y durante la represión en calles y poblados, fue a Palacio a ver a la nueva Presidenta.
Expertos recordaron que la acción de los uniformados en Perú dejó 27 muertos, más de 300 heridos y el forzado acatamiento del toque de queda.
Una dura respuesta a los manifestantes, considerados como insurgentes terroristas por el nuevo titular de la Dirección Nacional de Inteligencia, coronel Juan Liendo O’ Connor.
A ese calificativo siguió la decisión de la justicia militar de no investigar asesinatos con armas de fuego durante la violencia de las dos últimas semanas.
No está claro si los gobernantes actuales en Perú están conscientes de que con el adelanto de las elecciones para 2024, mucho después de la fecha exigida en las calles, persistirá el desconcierto popular.
