Por: Roberto Morejón
Si bien América Latina y el Caribe no presentan un ritmo tan acelerado de envejecimiento poblacional como varias regiones del Norte industrializado, están lejos de escapar de esa tendencia, de ahí la inquietud por la protección social de los adultos mayores.
Un informe de
De acuerdo con la fuente son pocos los países donde la cobertura de la seguridad social supera 60 por ciento de la población de más edad.
En aquellos donde ese indicador es exiguo, aumenta la permanencia de los ancianos en el mercado laboral.
Como se sabe, no pocos de ellos deben arreglarse con tareas engorrosas para las que no están ya aptos físicamente y su bienestar se lesiona.
Según las precisiones de
La pandemia demostró la relevancia de los sistemas de protección social como un manojo de políticas y programas que avalan el abrigo ante los riesgos en el curso de la vida.
Un caso especial es el de las personas más vulnerables, víctimas de desamparo ante las limitaciones acarreadas por la pandemia e indefensas ante Estados con sostenibilidad financiera en precario, incompetentes para diseñar pensiones abarcadoras.
Todo ello ocurre aun cuando, como señalan los entendidos, el envejecimiento se define como un proceso complejo y multidimensional requerido de nuevas formas de organización social.
Las instituciones no presentan en muchos países estrategias oportunas para evitar la consideración de la vejez como un problema insoluble para la sociedad.
Dirimir esa paradoja es relevante en América Latina y el Caribe porque con la declinación de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida, se impone que sean las sociedades las que se percaten de su senectud.
También resulta imperativo aplicar políticas sanitarias más certeras enfocadas en las enfermedades crónicas y su prevención.
Coberturas saludables más integrales y seguridad social efectiva representan un derecho humano y, como indica
