Imagen ilustrativa. Yamil Lage / AFP

Por María Josefina Arce

Finalizando 2022 una jueza federal de Florida sancionó a cuatro líneas de cruceros, basadas en ese estado norteamericano, a pagar multas por más de 400 millones de dólares por incluir a Cuba en sus itinerarios, un fallo que reafirma, por si alguien todavía lo duda, la existencia de un férreo bloqueo contra el pueblo cubano.

El dictamen se basa en supuestos daños a la empresa estadounidense Havana Docks, que tenía la concesión para explotar algunos de los muelles del Puerto de La Habana antes del triunfo revolucionario de enero de 1959.

La decisión desconoce el legítimo proceso de nacionalización llevado a cabo por las autoridades revolucionarias en 1960 y el hecho de que las compañías estadounidenses confiscadas rechazaron, por imposición del entonces gobierno de Estados Unidos, el ofrecimiento cubano de llegar a un acuerdo de indemnización. 

Washington, como recuerdan los expertos, apostó equivocadamente por una política hostil hacia la nación caribeña, que ha incluído el apoyo a la invasión mercenaria de Playa Girón, en 1961, sabotajes, campañas de descrédito, intentos de asesinato de dirigentes de la revolución, sabotajes, introducción de enfermedades en territorio cubano y un inhumano bloqueo.

Se sigue recurriendo al artículo III de la Ley Helms Burton, activado en 2019 por el entonces presidente Donald Trump,  y que a pesar de estar vigente desde 1996, su aplicación había sido suspendida por sus antecesores en la Casa Blanca.

Pero es bien conocido que durante su mandato Trump recrudeció el genocida cerco, aún en medio de la emergencia sanitaria mundial por la COVID 19. Más de 240 medidas contra el pueblo cubano se pusieron en marcha, la mayoría de las cuales se mantienen vigentes.

Hace 25 años se firmó por el hoy expresidente William Clinton la conocida Ley Helms Burton, que internacionalizó el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, rechazado año tras año por la Asamblea General de la ONU por abrumadora mayoría.

La norma tipifica limitaciones al comercio, a la realización de transacciones y a los viajes hacia y desde la nación caribeña, aunque Estados Unidos dice defender el derecho de sus ciudadanos a viajar libremente.

El diario cubano Granma precisa que el dictamen da continuidad a otro de marzo pasado de la misma jueza, que estimó que las cuatro compañías cometieron lo que calificó "actos de tráfico" y se involucraron en "turismo prohibido", al llevar viajeros estadounidenses a Cuba y utilizar las instalaciones portuarias de La Habana

En virtud del artículo III, que se refiere a la pretendida  "protección de los derechos de propiedad de los nacionales estadounidenses", se han establecido varias demandas en tribunales estadounidenses sobre propiedades confiscadas debidamente y acorde a la ley por el gobierno revolucionario de la Mayor de las Antillas.  

El nuevo fallo es una abierta amenaza a quienes desean invertir en suelo cubano y hacer negocios con el gobierno.  Las regulaciones de la ley en que se ampara son contrarias al derecho Internacional, a los principios de la Carta de la ONU y a las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio.

La Helms Burton es una afrenta a la soberanía de Cuba y de terceros países. Refuerza ese entramado de normas que conforman el bloqueo norteamericano, encaminado a asfixiar la economía cubana e intentar rendir por hambre y enfermedades al pueblo cubano.