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El presidente Alberto Fernández y los gobernadores, firmaron un documento para impulsar el juicio políticoCorte Suprema.
Por: Roberto Morejón
La solicitud del gobierno argentino y de varios gobernadores de un juicio político a
El pedido de juicio político contra cuatro magistrados del mencionado órgano superior, incluido el titular, Horacio Rosatti, está acompañado del emplazamiento de haber incurrido en conductas calificadas de mal desempeño de funciones.
El proceso previsto a ventilarse en el Congreso, cuenta con el asentimiento de varios representantes locales, movimientos sociales y algunos dirigentes sindicales.
Todos ellos señalan al alto tribunal por lo que consideran sus vínculos con un sector político opositor.
Dicho de otra forma, afirman que
Otros críticos del máximo tribunal aseguran la existencia de una inadmisible degradación que pone en jaque al sistema republicano de división de poderes.
El curso de los reproches se vio alentado después de que
De acuerdo con los críticos, el fallo fue tramitado junto a la alianza opositora Juntos por el Cambio para apuntalar al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con aspiraciones presidenciales.
No es la primera vez que en Argentina emplazan al poder judicial de beneficiar al expresidente Mauricio Macri y perseguir a simpatizantes del gobierno actual.
El caso más llamativo es el de la vicepresidenta Cristina Fernández, condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por supuesta defraudación al Estado durante su ejercicio como primera mandataria.
Fernández acusó al poder judicial de ser un Estado paralelo y una mafia y el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, acusó a los jueces de estar cooptados por el poder económico.
Con anterioridad un diario y un portal en Internet publicaron chats en los que funcionarios, directivos de un grupo periodístico, jueces y fiscales se ponían de acuerdo para manipular pruebas de un viaje realizado a una lujosa propiedad de un magnate británico.
Al margen del curso del previsto juicio político en el Congreso, donde los imputados tratarán de esquivar una condena, para muchos argentinos el poder judicial se aleja cada vez más de la transparencia e imparcialidad.