Las marchas y manifestaciones en Perú iniciaron a principios de diciembre tras la destitución de Pedro Castillo. | Foto: EFE

Por María Josefina Arce

Perú está atrapado en la inestabilidad política y social. No cesan las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que han sido fuertemente reprimidas por la policía y el ejército, y que han dejado hasta el momento medio centenar de víctimas fatales y numerosos heridos y detenidos.

Los peruanos no han dejado las calles desde que el pasado 7 de diciembre fuera destituido por el Congreso de su cargo de jefe de estado Pedro Castillo, detenido poco después por la policía y quien permanece en prisión acusado de rebelión, tras haber anunciado la disolución del órgano legislativo y llamado a elegir una Asamblea Constituyente.

Juramentada como presidenta pocas horas después de la destitución del legítimo mandatario, la dimisión de Boluarte es exigida por los manifestantes, quienes también piden la renuncia del Congreso, el adelanto de elecciones en el país, el establecimiento de una Asamblea Constituyente y la liberación de Castillo y otros detenidos.

Aunque en una reciente alocución la actual mandataria pidió perdón al pueblo peruano por la situación y las muertes en las manifestaciones, sus últimos pasos van en  dirección contraria a esa paz y tranquilidad que dijo busca su gobierno.  La realidad es que ha radicalizado su política de persecución y no escucha las demandas de los peruanos. Siete líderes sociales fueron arrestados en la ciudad de Ayacucho en las últimas jornadas.

Por demás, Boluarte, que ha dejado claro que no dejará el poder, suspendió por 30 días los derechos constitucionales en varias regiones del país. Los habitantes de Lima, el Callao, Puno y Cusco amanecieron este domingo en estado de emergencia, justo cuando se convocaba para esta semana a nuevas protestas.

El decreto gubernamental autoriza a  las fuerzas militares a intervenir junto a la policía para supuestamente resguardar el orden público.

Lo cierto es que desde que Castillo anunció su candidatura para las elecciones de abril de 2021, la derecha se puso en guardia, desde ese momento el maestro rural estuvo en la mirilla y finalmente fue víctima del golpismo de la oligarquía.

Con más del 50% de los votos triunfó en las urnas en la segunda ronda de los comicios, efectuada el 6 de junio. Pero debió esperar más de un mes para que fuera declarada su victoria, ante las falsas acusaciones de un supuesto fraude esgrimidas por su contrincante, la derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

El 28 de julio asumió y a partir de ahí la oligarquía se encargó de no dar un respiro al nuevo presidente. En un año y medio de mandato no pudo gobernar.

Castillo se vio obligado a cambios de ministros en su ejecutivo, dadas las presiones de un Congreso, en manos de la derecha. Antes de que triunfara la fabricada moción de vacancia que llevó a su remoción, había sido objeto ya anteriormente de dos procesos de esa índole.

El primero fue en diciembre de 2021, a pocos meses de llegar a la presidencia, pero no fue admitido. El segundo en marzo de 2022 y que solo recibió 55 votos a favor, de los 87 necesarios.

Perú no logra salir de la incertidumbre y la inestabilidad política y social. Desde 2016 hasta la fecha, contando a Boluarte, se han sucedido seis presidentes. Los últimos acontecimientos solo han venido a  agravar la crisis constitucional en la nación andina.