Por María Josefina Arce.

Del 21 de noviembre al 12 de diciembre del pasado año transcurrió en Caracas, la capital de Venezuela, el primer ciclo de negociaciones entre el gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el guerrillero ELN, Ejército de Liberación Nacional, en busca de lograr la paz total, en un país desangrado por décadas de conflicto armado.

Varios fueron los acuerdos de este encuentro, entre ellos la implementación de acciones y dinámicas humanitarias en las comunidades afectadas por la violencia armada, para cuyo cumplimiento  ya se  han dado los primeros pasos.

Integrantes de la Mesa de negociación del gobierno y el ELN, junto a representantes de organizaciones indígenas, de los consejos comunitarios, de la iglesia y de varias agencias de la ONU, conformaron la primera caravana humanitaria para recorrer varias comunidades indígenas y afrodescendientes del  Pacífico colombiano.

Desde Bajo Calima, en el Valle del Cauca, hasta el municipio de Medio San Juan, en el Chocó, comprendió el recorrido para conocer la situación en esas zonas y buscar que estas comunidades salgan del confinamiento o puedan retornar de manera segura y controlada a sus territorios, ante desplazamientos forzados. 

El Valle del Cauca y Chocó están entre los departamentos colombianos más afectados. En los últimos meses han sido escenario de un recrudecimiento de la violencia armada entre grupos irregulares que se disputan esos territorios.

Un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, señaló que sólo de enero a septiembre del pasado año se reportaron unas 70 MIL víctimas por desplazamientos forzosos, al tiempo que se contabilizaron más de 95 MIL personas confinadas en Colombia.

El documento precisa que uno de cada dos confinados era indígena, y uno de cada cuatro pertenecía a una comunidad afrodescendiente.

Un reciente comunicado del Consejo General de San Juan denuncia que las comunidades afro de esa área del Chocó atraviesan un proceso de extinción física y cultural por las violaciones masivas y sistemáticas de sus derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Los representantes del gobierno y del ELN dialogaron con los pobladores para conocer la situación de cada territorio y los requerimientos urgentes de las comunidades.

En un boletín informativo afirmaron que esas zonas requieren de la atención urgente de las instituciones y la sociedad colombiana por la gravedad del panorama, generado no solo por el conflicto armado, sino por el crónico abandono del estado, lo que ha llevado a una violencia y pobreza extrema.

Chocó está por ejemplo, entre los departamentos colombianos con un mayor índice de pobreza. De acuerdo con datos oficiales, más de 63% de su población vive en esa condición.

El informe resultante de este recorrido será presentado a la mesa de diálogo, para coordinar acciones. Es este un primer paso de gran importancia para dar cumplimiento a lo acordado y seguir avanzando en la consecución de esa paz total, por la que ha apostado el gobierno del presidente Gustavo Petro en beneficio de toda la sociedad colombiana.