Por: Roberto Morejón

Puede ser por disparos de bala o perdigones, pero el grueso de las muertes durante las protestas de los últimos dos meses en Perú corresponde a una forma de violencia, fundamentalmente institucional, mientras que la gobernante designada, la clase política y la élite económica se sujetan a sus puestos.

Con los fallecimientos por el uso de la fuerza en regiones del sur como la castigada ciudad de Juliaca la cifra llegó a 70, mientras los heridos en 60 días sobrepasaban los mil 200, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

Marchistas, bloqueos de vías, alarde de equipamiento hostil de policías y otro personal de seguridad, reclamos de la renuncia de la primera mandataria Dina Boluarte, de la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones, priman en el caldeado panorama del país andino.

Pero el Parlamento, dominado por la derecha con menos de 7 por ciento de aprobación, Boluarte y la clase acomodada, eminentemente blanca, justifican las muertes porque, afirman, los terroristas son los responsables.

Lo hacen así en total negación del drama del otro Perú, predominantemente del sur, de origen campesino e indígena, pobre, olvidado y víctima de la desigualdad.

Contra ellos se ejercen discursos y amenazas y prima el racismo, practicado hasta por los propios uniformados, ya que las convocatorias del cuerpo se hacen sobre todo en las zonas del norte.

Los manifestantes lo patentizan ante la prensa que, en medio de las balas, trata de llegar hasta ellos.

Organismos de derechos humanos han conocido de  detenciones arbitrarias, incluidas las de menores de edad, y de maltratos.

Es más, se ignora de algún funcionario, militar o personal de seguridad acusado por las muertes de los marchistas, aunque el gobierno afirma esperar investigaciones de la fiscalía.

El deterioro de la situación de los derechos humanos en Perú es innegable, aunque no lo reconozcan el Poder, la embajada de Estados Unidos, muy cortés con Boluarte, y la OEA, ahora haciendo mutis, en contraste con su habitual sesgo intervencionista.

Solo esa connivencia salva a la gobernante de la partida obligada, mientras que el legislativo, negado a abandonar sus privilegios, rechaza el adelanto de comicios. 

Perú parece adentrarse en un callejón sin salida, donde los representantes del Estado y el gobierno se aferran a sus inconmovibles posiciones.